Escuchar
Los diputados cocinan una reforma al artículo 96 de la Constitución Política para eliminar la comprobación de gastos en el cobro de la deuda política.
La intención es que los partidos políticos accedan a los recursos de contribución estatal sin que haya una fiscalización previa por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como ocurre en la actualidad.
De aprobarse ese proyecto de ley, el TSE entraría a comprobar si las agrupaciones invirtieron correctamente el aporte del Estado hasta después de que los partidos reciban los dineros. Como ejemplo, para las elecciones del 2018, el monto por distribuir ronda los ¢33.000 millones.
Los alcances de los mecanismos de control se definirían posteriormente, mediante otra reforma al Código Electoral.
En lugar de la revisión de facturas a priori , la propuesta pretende instaurar el concepto de pago por voto, es decir, que al partido se le desembolse de forma íntegra el porcentaje de la deuda política que tiene derecho a cobrar, según el número de sufragios que obtuvo. El valor de cada voto lo definirá el Tribunal, tras dividir el número de sufragios emitidos entre el monto de la deuda política.
Según el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, del partido Liberación Nacional (PLN) –a quien el resto de legisladores señala como el promotor de la reforma–, el objetivo es que las agrupaciones reciban el monto exacto que los votantes quisieron darle con su sufragio en las urnas.
“Esto, lo que viene a hacer es un reconocimiento de que el partido va a recibir lo que la gente efectivamente le dio en votos y no en función de lo que gastó. Hoy en día, al poder cobrar la deuda en función de lo que se gasta, es un incentivo para que los partidos gasten, porque cuanto más gasten más reciben”, expresó Álvarez.
De momento, existe un consenso por parte de las principales bancadas que integran el Congreso de aprobar una reforma en este sentido, y solo falta definir algunos aspectos de redacción.
Así lo reconoció el jerarca de la Asamblea y los diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Marco Vinicio Redondo, del Acción Ciudadana (PAC), y Patricia Mora, del Frente Amplio.
Esos legisladores forman parte de la Comisión Especial de Reformas del Estado, donde se discute esa iniciativa, la cual se quiere aprobar a la brevedad posible para que entre a regir en las elecciones del 2018.
Sin embargo, como se trata de una reforma constitucional, el camino se tornó complicado en cuanto a tiempo, esta reforma requeriría de cinco debates –tres más de lo usual–, dos de ellos tienen que ser en una legislatura (año legislativo) y para que se puedan dar los otros tres debates en la siguiente legislatura, se requiere que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, lo mencione en su discurso del 1.° de mayo del 2017.
Esta reforma se planea en momentos en que el PAC enfrenta un juicio, y el PLN, una acusación por supuestas anomalías en el cobro de la deuda política del 2010.
Incluso, por hechos acaecidos en ese mismo proceso electoral, el Libertario fue condenado, en octubre del 2015, por una estafa de ¢209 millones en contra del TSE y, en la actualidad, su exvicepresidente, Ronaldo Alfaro, se encuentra descontando una pena de prisión.
En todos esos casos, el Ministerio Público acusó con base en investigaciones del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal.
Los magistrados del TSE se abstuvieron de opinar sobre esta iniciativa, pues esperarán hasta que el Congreso les envíe una consulta formal.
“Los diputados en general no le han solicitado todavía criterio al Tribunal; entonces, ellos en este momento no tienen un criterio específico. Cuando la Asamblea le pida su criterio, el Tribunal se referirá al respecto”, dijo María José Alvarado, asesora de Gestión Política del TSE.
Defienden propuesta. Por su parte, los diputados que redactan el proyecto aseguran que la iniciativa es necesaria, pues en la actualidad el Tribunal tarda –por lo general–, más de un año en girar los recursos, lo cual pone en aprietos a los partidos por la escasez de flujo financiero.
Además, alegan que el Estado tiene que asumir un costo financiero extra, principalmente por intereses bancarios que se deben pagar por todo el tiempo que dura el Tribunal en revisar las liquidaciones de gastos de los grupos.
Otro aspecto que señalan es la dificultad para acceder a préstamos para afrontar no solo los procesos electorales, sino también los gastos operativos y de capacitación de los partidos.
El malestar radica en que con el mecanismo actual de comprobación de gastos, los partidos se ven en la obligación de buscar financiamiento externo para cancelar las facturas y después cobrárselas al Tribunal.
Controles intactos. Los legisladores niegan que la reforma busque reducir o socavar los niveles de control y de fiscalización del Tribunal. Argumentan, que en la ley se estipularían sanciones penales para quienes hagan un uso indebido de los recursos de la contribución estatal.
Antonio Álvarez negó que se tratara de un cheque en blanco para los partidos y afirma que incluso ahora, el TSE realiza una fiscalización selectiva, vía muestreo, que tampoco asegura que antes del giro de los recursos, se hayan revisado, una por una, todas las facturas presentadas para evitar un mal uso de los dineros.
El proyecto de ley incluiría dos modificaciones más.
Una pretende reducir, de manera permanente, el aporte estatal a las campañas partidarias de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB).
Mientras, la otra reforma busca distribuir un porcentaje de la deuda política de manera equitativa entre todos los partidos que participen en una contienda electoral, exclusivamente para gastos de propaganda y publicidad.
Ese porcentaje también se tendría que definir mediante un cambio al Código Electoral y sería administrado por el TSE, al cual se le encomendaría la labor de pagarles directamente a los proveedores.
