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Los diputados archivaron este miércoles un proyecto de ley que habría eliminado de manera total la aplicación de la regla fiscal en las municipalidades.
Durante la pandemia, en mayo anterior, la Asamblea eximió a los ayuntamientos de aplicar este mecanismo de control de gasto sobre las labores financiadas con ingresos propios, como pago de patentes o impuestos de bienes inmuebles.
Un segundo plan pretendía liberarlas también de la aplicación de la regla en el uso de los recursos que les gira el Gobierno Central.
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No obstante, por unanimidad, este jueves cinco legisladores de la comisión de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local dictaminaron negativamente el plan. Al ser una votación unánime, el texto se archiva.
Previo a tomar esa decisión, los congresistas acogieron un informe de subcomisión que recomendaba, precisamente, votar negativamente el proyecto.
Ese documento, firmado por los diputados Roberto Thompson, Luis Ramón Carranza y Carmen Chan; toma en cuenta las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal que generaría el texto.
La CGR estimó que el proyecto era inconsistente y parecía desconocer el contexto actual de vulnerabilidad financiera, "al dejar de lado los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público, lo cual podría provocar incluso su inconstitucionalidad”.
El texto habría excluido de la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en materia de empleo público.
Luego, las exoneraba de la regulación del incentivo de anualidades a los empleados públicos, la cual pasó a pagarse de forma nominal en vez de porcentajes, según la reforma tributaria.
Al mismo tiempo, el texto pedía restituir el pago bisemanal a los empleados de las alcaldías, en vez de quincenal como lo estableció la reforma fiscal.
También liberaba a los trabajadores de las evaluaciones por desempeño, las cuales se utilizan para otorgar la anualidad; y de la conversión de pago por compensación, el cual pasó de otorgarse de forma porcentual a nominal.
El informe de subcomisión también recoge la falta de un análisis del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Del mismo modo, afirma que provocaría distorsiones salariales entre empleados del régimen municipal y quienes no lo son, y reprocha la exclusión de las alcaldías de la rectoría sobre empleo público que ostenta Mideplán.
Tomando en cuenta esos elementos, Thompson, Carranza y Chan presentaron un dictamen unánime negativo y recomendaron rechazarlo.
Por el fondo, rechazaron la iniciativa los diputados Thompson y Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A ellos se sumaron Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y Carmen Chan, del bloque independiente Nueva República.
La iniciativa excluía a las municipalidades de la regla fiscal contemplada en la reforma tributaria de diciembre del 2018.
Dicha norma contiene el crecimiento del gasto corriente en todo el sector público, lo que incluye salarios, intereses y transferencias. Para este año, el techo del crecimiento es de 4,67%.
El proyecto archivado alegaba autonomía de los gobiernos locales y pedía liberarlos.
En su informe, la CGR señaló: “No se observa en el proyecto de ley, la existencia de criterios técnicos que reflejen la razonabilidad de establecer, a favor del régimen municipal, exoneraciones respecto a la cobertura –en este caso– de la referida regla fiscal”.
Carranza, durante la discusión por el fondo, pidió a sus colegas ser consecuente con las regulaciones aprobadas en la reforma fiscal.
“Este proyecto era un retroceso en ese avance. Creemos en la autonomía municipal, pero los recursos son públicos en las municipalidades o en cualquier otra institución. Hay que garantizar que los recursos sean para todos. Votar en contra es coherente con esfuerzos que se van dando (para contener el gasto) como la ley de empleo público”, subrayó.
Por su parte, la legisladora Chan aseveró que cuando la iniciativa se presentó en el Congreso, era necesario porque a esa fecha aún había un conflicto entre las municipalidades y la CGR por la aplicación de los ajustes en los pluses salariales.
“Este proyecto fue presentado antes de que se llevara la conciliación de lo que era la regla fiscal. En su momento no era inapropiado, fue antes necesario. Ahora el tema ya fue subsanado”, justificó.
