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Con 39 votos a favor y uno en contra, los diputados autorizaron al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) perdonar créditos por ¢6.200 millones sin que los beneficiarios acrediten pérdidas ocasionadas por la pandemia.
El plan pretende condonar 2.705 créditos de personas físicas y jurídicas que tienen deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), administrado por el SBD.
A último minuto, los congresistas aprobaron una moción propuesta por el diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, para que los beneficiarios tengan que presentar una declaración jurada en la que indiquen sus pérdidas, aunquen no tienen que presentar ningún otro documento que lo compruebe.
Tampoco tienen que estar validadas por un abogado.
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Desde mayo del 2020, el Gobierno y los diputados impulsaron este plan como una medida para ayudar a las personas que supuestamente se vieron afectadas por la pandemia.
Sin embargo, desde entonces, en ninguna de las fases se cuestionó ni se enmendó el proyecto para que existiera garantía de que los beneficiarios eran merecedores de la condonación.
La Contraloría General de la República (CGR) y Mideplan sugirieron incluir parámetros para recibir el perdón de deuda, así como un plan de acompañamiento para que los afectados tuvieran herramientas para hacer frente a su situación particular.
Los congresistas tampoco llegaron a conocer los montos que deben cada uno de los beneficiados, a quienes se les perdonan hasta 14 deudas, como es el caso de la Fundación Proagroin.
Los interesados tan solo tendrán que presentar la declaración ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en un plazo de seis meses, en el que el SBD no podrá ejecutar los cobros.
“El procedimiento de condonación contemplará la presentación de una solicitud formal acompañada de una declaración jurada por parte del beneficiario hacia la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, sin que necesariamente medie la participación de un abogado, en donde se declare bajo fe de juramento las situaciones adversas enfrentadas que incidan en su capacidad para hacerle frente a las condiciones establecidas en la operación crediticia a condonar”, señala la enmienda.
La diputada María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se mostró complacida por la moción presentada a última hora para que “unos cuantos vivillos” no se aprovechen de proyectos como este.
En un análisis de la base de datos facilitada por el SBD a los diputados que incluía las identificaciones de los beneficiarios, La Nación reveló que al menos 200 beneficiados con la condonación tenían deudas con la seguridad social y el Ministerio de Hacienda.
Esas deudas ascendían a casi ¢1.400 millones.
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Además, en algunos casos su actividad comercial reportada a Tributación no tenía relación con la agricultura.
De la lista de 2.705 créditos que se estarían perdonando, decenas de personas tienen múltiples créditos con la entidad.
En un caso, una persona recibe hasta siete condonaciones, mientras que la Fundación Proagroin recibiría el perdón de 14 deudas.
A otro de beneficiario se le perdonarían cinco créditos, mientras que 182 personas o sociedades dejarían de pagar tres o dos créditos, cada una.
La iniciativa también beneficiará a los agricultores de caña con deudas con el SBD y que no puedan enfrentar sus créditos, sin que hayan estado morosos, previo a la pandemia.
