Los diputados aprobaron este miércoles introducir la posibilidad de que los funcionarios públicos rechacen programas de capacitación en las instituciones del Estado mediante la objeción de conciencia.
La figura fue introducida, con ocho votos a favor y uno en contra, con una moción de ajuste al proyecto de reforma al empleo público, en la Comisión de Gobierno y Administración.
“Los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”, dice el texto aprobado.
La objeción de conciencia es el derecho de la persona a abstenerse de realizar actos que contravienen ideales o valores éticos y religiosos.
El abogado constitucionalista Rubén Hernández afirmó el martes a La Nación: “Es mejor dejar abierta esta posibilidad que obligarlos a asistir a seminarios sobre temas contrarios a sus creencias religiosas; por ejemplo, sobre el aborto”.
En el país, no existe una ley específica que regule esta materia, aunque los notarios costarricenses, por reglamento, ya pueden negarse a dar sus servicios como asesores jurídicos por razones de conciencia.
La moción la firmaron los diputados Jonathan Prendas, de Nueva República; Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el independiente Dragos Dolanescu.
En la comisión, solo votó en contra la independiente Zoila Rosa Volio.
