Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/GUN5X3QG25CCHKJMC424DNVICQ.JPG)
Rodrigo Arias y Gloria Navas, presidente y vicepresidentes legislativos, impulsaron la ley contra el crimen organizado con el apoyo del presidente de la Corte Orlando Aguirre (atrás, a la izquierda), y el fiscal general Carlo Díaz (atrás, a la derecha). Foto: Archivo
Los diputados aprobaron en primer debate este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, luego de una semana y media de intensa discusión y trámite de las más de 500 mociones que presentó Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ella y su compañero Danny Vargas fueron quienes votaron en contra.
La iniciativa contó con los votos afirmativos de 49 congresistas, mientras que dos votaron en contra. Este jueves por la mañana, la Corte Plena emitió un criterio favorable sobre el expediente 23.090, luego de que los congresistas concluyeron el trámite de 529 mociones de fondo, un día antes.
Los votos afirmativos del proyecto fueron los siguientes:
PLN (15): Rodrigo Arias, Dinorah Barquero, José Joaquín Hernández, Óscar Izquierdo, Gilberth Jiménez, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Francisco Nicolás, Paulina Ramírez, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Sonia Rojas, Montserrat Ruiz, Geison Valverde y Andrea Álvarez.
Progreso Social Democrático (PPSD, con 9): Ada Acuña, Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Alexander Barrantes, Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera, Jorge Antonio Rojas y Daniel Vargas.
Unidad Social Cristiana (PUSC, con 7): Melina Ajoy, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco y Carlos Andrés Robles.
Nueva República (PNR, con 6): Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, Gloria Navas, Yonder Salas y David Segura.
Liberal Progresista (PLP, con 6): Kattia Cambronero, Gilberto Campos, Jorge Dengo, Eliécer Feinzaig, Johana Obando y Luis Diego Vargas.
Frente Amplio (FA, con 6): Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Ariel Robles y Priscilla Vindas.
Para esta votación expedita, el Congreso aprobó, a finales de abril, una moción de vía rápida, que estableció los parámetros de discusión de las mociones de fondo con que Delgado pretendió frenar el avance de la iniciativa.
Entre el lunes 15 y el lunes 22 de mayo, se realizaron 14 sesiones de conocimiento de mociones, que permitían también el uso de la palabra por parte de la liberacionista Delgado, y que fueron escenario de distintos choques y cuestionamientos hasta del fiscal general, Carlo Díaz, sobre los intereses que la motivaron a bloquear la iniciativa.
Martes y miércoles de esta semana, se pudieron votar las restantes 114 mociones de fondo sin ninguna discusión, tal como lo permite el mecanismo conocido como la guillotina, y eso aceleró la finalización de la votación.
La intención de los diputados es que la iniciativa esté aprobada en sus dos debates, firmada y publicada antes del 7 de junio, pues según el fiscal general hay riesgo de que se extinga a esa fecha la prisión preventiva a una decena de cabecillas de organizaciones criminales y estos salgan libres.
La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado intenta mejorar la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada.
La idea es aclarar cuáles asuntos se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
El proyecto establece que los casos de crimen organizado son de acción pública y no pueden convertirse en delitos de acción privada. Por otra parte, se busca que las investigaciones sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y se dupliquen los plazos de etapa intermedia, así como la prisión preventiva, y los de continuidad y suspensión del debate.
Adicionalmente, se aclara a quién le corresponde nombrar el personal de esta jurisdicción especial en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir ese personal, una vez que pasaron ocho años.
Una vez vigente la JEDO, el Ministerio Público podrá solicitar, a través del fiscal general y el fiscal subrogante, independientemente de la etapa procesal, que la Jurisdicción se arrogue el conocimiento de causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto en discusión establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.
‘Esfuerzo extraordinario’, dice Rodrigo Arias
El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, aseguró que la votación del plan contra el crimen organizado es el esfuerzo más extraordinario que le ha tocado realizar al Congreso.
“A ustedes les consta el sacrificio de iniciar sesiones desde las 8 y pico de la mañana, terminar hasta las 9 de la noche, el lunes con una reunión con el Poder Judicial hasta las 10 de la noche.
“La Asamblea le ha dicho sí a Costa Rica, le ha dicho no a la criminalidad organizada y la delincuencia. Ha tomado una decisión muy sabia, seguir el consejo de las personas que tienen que aplicar la ley y que tienen a su cargo el ejercicio de la acción pública y penal”, comentó Arias.
Mientras el jerarca legislativo celebró la aprobación, la verdiblanca Carolina Delgado calificó el proyecto aprobado de ilegal e inconstitucional.
“Lo que se ha vendido como la solución a la delincuencia organizada, no es más que un proyecto que atenta contra la Constitución Política, los derechos humanos fundamentales y que crea inseguridad jurídica. Todos y cada uno de los argumentos que así lo demuestran los presenté y los defendí”, alegó la congresista.
Gloria Navas, la vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, calificó el trámite del proyecto como una “lucha grande”.
“Considero esto un triunfo de muchos, primero con la ciudadanía, segundo con el Estado de Derecho porque sin leyes adecuadas no avanzamos, y tercero, en la lucha contra el crimen organizado, que es algo necesarísimo, urge y tenemos que resolver a la mayor brevedad”, apuntó Navas.
La frenteamplista Priscilla Vindas dijo que la Jurisdicción Especializada es fundamental para que el Poder Judicial tenga las herramientas necesarias y tiempos para investigar el crimen organizado, narcotráfico y redes de pornografía infantil.
