Por unanimidad, los 11 diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente el préstamo rápido de $508 con Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitado por el Gobierno al inicio de la pandemia para uso presupuestario.
El texto fue aprobado en comisión con cambios en la redacción de los artículos 2 y 3 del proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 22.018.
El primero de esos ajustes, el del artículo 2, deja claro que el 90% de ese empréstito será de uso presupuestario según el plan de gastos autorizado para el año 2020, en específico para la sustitución de deuda interna que es más cara.
También, establece que el 10% restante ($50 millones) será girado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para amortizar la deuda que el Gobierno tiene con esa institución.
Esta decisión se incluyó para cumplir con el convenio suscrito la semana anterior entre el Poder Ejecutivo y la entidad, explicó la diputada liberacionista, Silvia Hernández.
Ese acuerdo consiste en destinar el 10% de los créditos restantes que la Asamblea aprobaría en lo que resta del año, lo cual daría un monto cercano de abono a esa deuda de $300 millones.
Además, el Gobierno se comprometió a gestionar otro empréstito por $500 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para infraestructura hospitalaria.
El mismo artículo 2 advierte de que, si el crédito es usado para otros fines distintos, se emitirán sanciones según lo indique la Contraloría General de la República. Además, constituirá el delito de malversación de fondos públicos.
En tanto, en el artículo 3 del proyecto del crédito del FMI, se incluyó que el Gobierno podrá, mediante decreto ejecutivo, hacer las modificaciones presupuestarias para incorporar el 90% de ese empréstitos al canje de deuda.
Los $50 millones destinados a la Caja deberán ser incluidos en un presupuesto extraordinario que deberá ser aprobado por los diputados, según la nueva redacción de la iniciativa.
Los ajustes se desarrollaron en consenso, a través de una moción de fondo que también fue acogida de forma unánime, explicó Hernández, presidenta del foro de Hacendarios.
“Deja candados en el uso de esos recursos, teniendo muy claro que es para hacer frente a deuda mucho más cara al sustituirla por deuda mucho más barata”, añadió la legisladora.
Votaron a favor del dictamen Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Carlos Avandaño y Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN).
Asimismo, dieron su respaldo María Inés Solís y Oscar Cascante, legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República.
El empréstito fue negociado a través de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y, según el Gobierno, es la llave para negociar con el Fondo una línea de crédito mucho más amplia, a cambio de un plan de ajuste económico que el país debe cumplir.
Según indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, este lunes ante el Plenario Legislativo, el país busca una línea de financiamiento con ese organismo de hasta $2.250 millones.
Con esos recursos se garantizaría equilibrio fiscal y macroeconómico, según el jerarca, a cambio de un plan de “ajuste fiscal” y de carácter “temporal y estructural”.
No obstante, entre ese dinero, estaría incluido el crédito de $508 millones, agregó el titular de Hacienda.
El FMI aprobó el crédito de $508 millones desde el 29 de abril, un mes después de que el gobierno lo solicitara con urgencia, debido a la pandemia.
El desembolso sería en un solo tracto y los recursos se dirigirían al Gobierno Central.
Tiene una tasa de interés de 1,55% anual. El plazo es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de los tres años y tres meses de haberse dado el desembolso.
Ahorro de $100 millones por canje de deuda
Villegas les afirmó a los diputados, durante una comparecencia en Hacendarios, el pasado 21 de julio, que el canje de deuda le podría generar un ahorro al Gobierno de $100 millones durante los cinco años de pago del empréstito.
El ahorro obedecería a la disminución en el pago de intereses, al pagar una tasa anual de 1,55% con la cual se suscribió el empréstito, en vez de costear tasas de alrededor del 7,5% anual si se coloca una deuda por el mismo monto y por el mismo tiempo en el mercado local.
Tanto Villegas como el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero; y la ministra de Planificación, Pilar Garrido; les dejaron claro a los diputados, en cada una de sus comparecencias, que el crédito no implica nueva deuda para el país.
También, destacaron las condiciones blandas con las cuales se suscribió, la menor presión sobre las tasas de interés del mercado local y el mensaje de confianza que se emite a los organismos financieros internacionales.
Compromisos adicionales
Ana Lucía Delgado, diputada del PLN, recordó que con este empréstito, el Gobierno suscribió una carta de intenciones con el Fondo en la que asume una serie de compromisos.
Algunos de ellos son alcanzar un superávit primario del 2,2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 y presentar un plan de consolidación fiscal que permita reducir la deuda pública a un 50% del PIB en el año 2034.
“No obstante, al día de hoy no conocemos cuáles son las medidas concretas que permitan alcanzar tales objetivos”, cuestionó la verdiblanca.
En la sesión de esta tarde, Garrido se comprometió a enviar esa información por escrito, ante la solicitud de Delgado.
Laura Guido, congresista del PAC, destacó que con el dictamen se da un paso fundamental en la ruta de consolidación fiscal y de fortalecimiento a la CCSS.
“También, se da esa condición de diálogo en la Asamblea Legislativa y el reconocimiento de llegar a acuerdo y tomar decisiones responsables, frente a las condiciones económicas proyectados para el país en los próximos meses y en las conversaciones con el FMI”, dijo la diputada de la bancada oficialista.
Ahora, el proyecto deberá pasar al Plenario Legislativo, donde se abre un periodo de presentación mociones vía artículo 137, en el cual todos los diputados pueden presentar cambios.
Luego de superar esa etapa, el texto sería discutido en el plenario para su aprobación en primer y segundo debate.
Superó consultas legales
El empréstito ingresó a la corriente legislativa para su aprobación el pasado 4 de junio y la discusión en comisión empezó el 21 de julio.
Desde esa segunda fecha, el proyecto fue sometido a consultas ante el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La duda de los legisladores obedeció a que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso consiste en una autorización de endeudamiento, no en un contrato de préstamo internacional.
Servicios Técnicos y la CGR resolvieron que pese a ser una autorización de crédito negociado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el FMI, por ser el primero el representante del país ante ese organismo, el dinero sería girado a Hacienda para uso presupuestario.
Al ser una operación que financiaría al Gobierno, le corresponde a este asumir las obligaciones financieras, lo cual requiere de una aprobación legislativa, concluyeron Servicios Técnicos y la CGR.
Por su parte, la PGR determinó que la Asamblea Legislativa, “de conformidad con el artículo 121, inciso 15 de la Constitución Política, está facultada y obligada a conocerlo y someterlo a su aprobación, como parte de su función tutelar del endeudamiento público”.