Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios procuran dilucidar si la Asamblea Legislativa debe aprobar el crédito de $508 millones que el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la pandemia, mediante una figura denominada Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).
Para ello, plantearon consultas legales ante el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La duda obedece a que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso consiste en una autorización de endeudamiento, no en un contrato de préstamo internacional
Lo que existe es una gestión de crédito del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ante el FMI, recursos que, luego, el BCCR trasladaría al Ministerio de Hacienda para su uso presupuestario.
Pese a las gestiones legales, la discusión en la comisión de Hacendarios no se detiene, explicaron el ministro de Hacienda, Elian Villegas; y la presidenta del foro legislativo, la liberacionista Silvia Hernández.
Prueba de ello, explicó Hernández, es que para este miércoles está convocada la ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, para que se refiera al empréstito.
No obstante, la comparecencia de Garrido depende de si la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, en la que se podría discutir el segundo presupuesto extraordinario, se prolonga después del mediodía.
También está convocada, para otra sesión posterior, la contralora general, Marta Acosta.
La inquietud sobre el trámite la planteó esta tarde la diputada Hernández, durante una comparecencia en la que el ministro Villegas defendía la necesidad de que se aprobara ese empréstito.
Ella explicó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, desde el 4 de junio, consiste en una “autorización” de endeudamiento, no en la aprobación de un contrato de crédito internacional.
Agregó que, según la Constitución Política, lo que le corresponde a los legisladores es aprobar los contratos de los empréstitos internacionales que suscribe el Gobierno, lo cual en este caso no existe, explicó Hernández.
“Casualmente este es el tema. No hay contrato. Lo que llegó es una autorización de endeudamiento. Se interpreta que la Asamblea Legislativa está haciendo una aprobación previa a un empréstito internacional que no se ha adquirido”.
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“La Asamblea puede autorizar un crédito ya negociado y suscrito por el Ejecutivo y no una aprobación previa a un contrato que no ha sido suscrito, pues el Ejecutivo está autorizado para negociar y posteriormente someterlo para autorización de la Asamblea.
“Entiendo que es atípico el mecanismo por ser con el FMI y, por ello, se debe velar porque quede claro el mecanismo y lo que debe aprobar esta comisión”, expuso la legisladora.
Ante esas dudas, el jerarca de Hacienda argumentó que, en ese tipo de préstamos, no se suscribe contrato y que así se negocia con el FMI desde la década de los 80.
“Lo que tienen aquí es esta autorización. Es una instrucción del Banco Central de Costa Rica (BCCR) al Fondo y, contra instrucción, se da el desembolso”, añadió Villegas.
Por su parte, Melvin Quirós, subdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó que las operaciones de financiamiento con ese organismo internacional no tiene un contrato de crédito como ordinariamente se conoce, “porque muchas de las características que rigen una operación de financiamiento con el Fondo Monetario están descritas en el convenio constitutivo del Fondo, a la cual el país se adhirió y aprobó hace bastantes años”.
Ante ese mecanismo, según dijo el funcionario, lo que procede es que el BCCR, como representante del país ante el Fondo Monetario, dé la instrucción para la hacer la operación crediticia.
Posteriormente, añadió Quirós, el Banco Central transfiere el dinero a Hacienda a través de un acuerdo subsidiario.
Precisamente, añadió Villegas, el crédito llega a la Asamblea Legislativa para su trámite, dado que será el Banco Central el que girará los recursos a Hacienda para uso presupuestario.
En el criterio del ministro, la consulta de los diputados es normal y el empréstito se sigue tramitando en la Asamblea.
“La duda es legítima. Las consultas ante la Procuraduría General de la República y Servicios Técnicos tienen la normalidad de dicho procedimiento y es sobre si ese procedimiento se ajusta o no a la norma constitucional costarricense”, expresó el ministro.
“Para mayor claridad, si el dinero viniera para el Banco Central no pasa por la Asamblea Legislativa, simplemente se le deposita al Banco Central. Pero, como en este caso concreto el dinero va al Ministerio de Haciendo para el gasto presupuestario, entonces, se ocupa de la autorización de la Asamblea Legislativa”, explicó Villegas.
Hernández dijo tener claro que el BCCR es la institución que obtendrá el financiamiento y, luego, le prestaría el dinero a Hacienda.
“Igualmente, la consulta es ver si se permite esa triangulación FMI-BCCR-Hacienda”, expuso la legisladora.
Pese a las dudas, los legisladores aprovecharon la ocasión para hacer consultas a Villegas sobre el crédito.
El FMI aprobó el empréstito de $508 millones desde el 29 de abril, un mes después de que el gobierno lo solicitara con urgencia debido a la pandemia.
El desembolso se haría en un solo tracto y los recursos se dirigirían al Gobierno Central para sustituir deuda interna que es más cara.
El empréstito tiene una tasa de interés de 1,55% anual. A nivel local, explicó el jerarca, la tasa supera el 6%.
El plazo de pago es de cinco años, con tres años de gracia. En los últimos dos años, el país debe realizar pagos trimestrales para realizar la cancelación.
El gobierno explicó que la aprobación de esta deuda será la llave para negociar un crédito mucho más grande, del tipo stand by, por unos $2.250 millones.
El préstamo ingresó el 4 de junio a la Asamblea Legislativa, se trasladó a la comisión de Hacendarios el 25 de junio e ingresó a la orden del día el 30 de junio.