Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales aprobaron este martes una moción que permitiría eliminar las pensiones para expresidentes de la República.

La propuesta obtuvo cuatro votos a favor y tres en contra y fue aprobada dentro del proyecto de ley que cerraría el ingreso de nuevas personas a los regímenes de pensiones de lujo, del diputado Víctor Morales Mora, del PAC.

La iniciativa aprobada fue presentada por José María Villalta, diputado del Frente Amplio. El texto derogaría el Régimen de Pensiones de los Expresidentes de la República contenido en la Ley de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

El texto original de proyecto de ley contemplaba eliminar estos subsidios, pero esa disposición fue quitada en el camino; ahora, fue introducida de nuevo.

Según el legislador del Frente Amplio, sería “incoherente” permitir el gasto de estas pensiones cuando lo que se busca es hacer un esfuerzo por derogar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto que generan una carga a las finanzas públicas.

“Ese es un régimen de privilegio, que otorga una pensión de varios millones de colones por la que no se cotizó un solo colón. Solo el próximo año, esas pensiones a expresidentes y expresidentas, que se pagan con cargo al presupuesto, significarán más de ¢450 millones que se distribuyen en un reducido grupo de personas”, indicó el diputado.

Según su interpretación, la medida regiría para quienes adquieran la condición de expresidentes después de la entrada en vigencia de esta reforma; los actuales expresidentes no se verían afectados, adujo.

“A nosotros nos gustaría que esta moción aplicara también a las pensiones de expresidentes ya otorgada, pero, en principio, por regla constitucional, la ley no es retroactiva en perjuicio de derechos adquiridos. En todo caso, nada impide que los actuales expresidentes den el ejemplo y renuncien a este privilegio”, aseveró Villalta.

El actual presidente, Carlos Alvarado, dijo que no accedería a esta jubilación.

Por su parte, la diputada liberacionista, Yorleny León, intervino en la discusión de la moción, donde manifestó que el país no está en condiciones de permitir estos gastos.

“Es gente que está en su mejor apogeo para seguir trabajando, es gente a la que uno no ve que se va a quedar de brazos cruzados esperando que llegue el 30 para ir a cobrara la pensión”, afirmó León sobre los mandatarios que se pensionan.

Este 15 de setiembre, la comisión Permanente de Asuntos Sociales analizó para este proyecto de ley un total de 60 mociones vía artículo 137 bis.

Bajar el gasto de erario

Sobre el proyecto de ley en general, un cálculo elaborado por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señaló que la reforma se traduciría en un ahorro de más de ¢115.000 millones para los contribuyentes en un plazo de nueve años.

El principal ahorro lo generaría el cierre definitivo de todos los sistemas de jubilaciones que corren por cuenta del erario, lo que impediría el ingreso de nuevos funcionarios públicos.

El segundo ahorro lo generaría el cobro de una cotización obligatoria a poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por el Magisterio Nacional y la DNP, quienes hoy disfrutan de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.

El tercer ahorro provendría de bajar a ¢2,2 millones el actual tope de ¢2,7 millones avalado por la Sala Constitucional para las pensiones de lujo otorgadas después de 1998.

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