Aarón Sequeira. 28 julio, 2019
Por acuerdo entre diputados y sindicatos magisteriales, la huelga en servicios de educación no quedaría totalmente prohibica. Foto: Alonso Tenorio
Por acuerdo entre diputados y sindicatos magisteriales, la huelga en servicios de educación no quedaría totalmente prohibica. Foto: Alonso Tenorio

Luego de varias reuniones con representantes de los sindicatos de la educación, con voceros del Ministerio de Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los diputados permitirían que las huelgas en los servicios de educación puedan realizarse, pero con un plazo determinado.

Específicamente, los legisladores analizan retirar los servicios de educación de la lista de servicios esenciales en los que se prohíbe realizar ese tipo de movimientos.

La última reunión de esa mesa de diálogo tendrá lugar este lunes por la mañana, para ajustar los últimos detalles de los dos proyectos sobre huelgas que se tramitan en la Asamblea Legislativa.

En el caso de los servicios de educación, los congresistas estarían de acuerdo en ceder y asignarle otra categoría a ese tipo de servicios, que sería la de servicio de importancia trascendental.

O sea, no quedaría totalmente prohibido que se hagan huelgas, pero sí tendría que asegurarse un esquema mínimo de prestación del servicio y establecerse un periodo de realización de las huelgas, con el fin de evitar efectos adversos en los estudiantes.

La diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que la mesa ha venido avanzando con los dos proyectos, tanto el suyo sobre la lista de servicios esenciales como el de regulación de las huelgas, de Carlos Ricardo Benavides.

En el caso de la propuesta de Benavides, lo que se tendría que definir es la prohibición de la huelga política, más específicamente bajo el concepto de huelga contra políticas públicas.

En el caso de que finalmente se establezca que se permite ese tipo de huelgas contra políticas de un gobierno, que se fije una duración específica para esos movimientos.

La reunión de este lunes será la última antes de que la Comisión sobre Huelgas dictamine la iniciativa de Benavides, bajo expediente legislativo 21.049, y que se enfoca en endurecer los castigos a actos ilegales derivados de las huelgas y la regulación de los mecanismos para realizarlas.

Por mandado de la vía rápida que se le aplica al proyecto de Benavides, el plazo para dictaminar se vence este lunes.

Sin embargo, aún hay una etapa en que los diputados puede presentar mociones de fondo para cambiar el texto, que es la de mociones por vía del artículo 137 del Reglamento legislativo.

Benavides prefirió no anticipar cuáles cambios podrían darse en el texto de su proyecto, precisamente por la reunión aún pendiente con los sindicatos.

“Lanzaremos alternativas, tanto sindicatos como nosotros. Estamos esperando varias propuestas. Lo que hemos hecho es discutir sobre la base de propuestas que lanzó el Ministerio de Trabajo”, dijo el presidente del Congreso.

En cuanto a la huelga contra políticas públicas, afirmó que todos los que se sientan a la mesa de diálogo tienen claro que estas (entendida como movimientos contra el Estado y sus instituciones) se encuentran prohibidas.

“El tema es si deben o no permitirse las huelgas contra políticas públicas, porque son pocos países los que las permiten”, dijo.

Agregó que los casos en que el Comité de Libertad Sindical, órgano adscrito a la OIT, avala ese tipo de huelgas, se trata de movimientos limitados a horas o un día, como máximo.

El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, destacó que hay áreas de cercanía con los sindicatos, para construir una propuesta de ley respaldada por todos.

“Hay unas áreas en las que se puede cambiar y otras no”, dijo el oficialista.

También destacó la discusión que se ha dado en torno a la calificación de huelgas por parte de los tribunales y la idea de reducir plazos para ese proceso, con el fin de evitar situaciones como la actual, con procesos de declaratoria de la huelga contra el plan fiscal que nunca se resolvieron.

Aparte de los diputados y el Ministerio de Trabajo, se sientan a la mesa la OIT y voceros del Sindicatos de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Undeca) y de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.