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Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dejaron claro que, si se aprueba el plan que eliminaría las anualidades de los años 2021 y 2022 en el sector público, el recorte sería solo para los aumentos correspondientes a esos dos años, y no para los montos acumulados de periodos anteriores.
Con ese fin, seis diputados de ese foro legislativo aprobaron una moción de fondo que modifica el segundo párrafo de la iniciativa solicitada por el Gobierno, como medida de ahorro ante los efectos económicos derivados de la pandemia.
Las anualidades consisten en un pago extra que se le adiciona a los salarios de los servidores públicos por cada año laborado.
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En específico, a ese párrafo se le agrega el término “monto incremental de las anualidades”, con el que lo diputados, aclaran que la suspensión de ese pago aplicaría solo para el incremento de la anualidad correspondiente al 2021 y 2022, no así sobre el monto acumulado en años anteriores que también se pagaría en esos años.
“En consecuencia, se quiere evitar que, por interpretación, alguien diga que no se paga el monto correspondiente a las anualidades, concepto que incluye las anualidades acumuladas de periodos anteriores a esos dos años″, explicó el diputado socialcristiano, Pablo Abarca, quien respaldó con su firma la moción.
Luis Ramón Carranza, uno de los diputados del PAC que aprobó el cambio, indicó que la nueva redacción se planteó a raíz de una propuesta del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Esa oficina pidió que quedara explícito en el texto que el acumulado de ese pago extra correspondiente a años anteriores “no se toca”, según explicó Carranza.
“El acumulado es un derecho adquirido y ya está en manos del trabajador, por eso no se puede tocar”, añadió el legislador de la bancada oficialista.
El ajuste se hizo en el primero de dos días de mociones presentadas vía artículo 137 del Reglamento Legislativo, que permite a todos los diputados del plenario presentar cambios a textos ya dictaminados en comisiones.
La moción fue aprobada por los diputados Roberto Thomson, Karine Niño y Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carranza y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN).
La versión anterior dictaminada el 15 de julio, en ese párrafo, decía: “A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas cubiertas por el Artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto de anualidades, correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022.”
Con la moción aprobada ayer, dice: “A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas cubiertas por el Artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022″.
Con ese plan, el Gobierno se propone ahorrar ¢44.000 millones para Gobierno Central y de ¢23.000 millones para las instituciones autónomas.
Sin embargo, durante el dictamen, desecharon la opción de que el ahorro se girara al Ministerio de Hacienda para el pago de deuda, como lo propuso la diputada liberacionista Silvia Hernández, de manera que el ahorro le quedará a cada entidad pública.
El proyecto se tramita como un transitorio a la Ley de salarios de la Administración Pública, pero la Procuraduría General de la República (PGR) recomendó que técnicamente la regulación se aplique como una norma ordinaria, aunque sea por esos dos años, y no transitoria.
