Los diputados están a un paso de perdonarles ¢6.200 millones en deudas bancarias a casi 2.400 personas físicas y jurídicas, entre las cuales hay al menos 200 morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y con el pago de impuestos al Ministerio de Hacienda.

El proyecto superó la comisión legislativa de Asuntos Agropecuarios y está listo para su primer debate en el plenario con el apoyo de las fracciones de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y Nueva República.

Los beneficiarios de esta ley de condonación le adeudan, en conjunto, ¢1.315 millones a la CCSS y ¢40 millones a Hacienda.

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Los legisladores y el Gobierno pretenden condonar 2.705 deudas de productores agrícolas con el Sistema de Banca para el Desarrollo sin que estos justifiquen si sufren alguna afectación económica extraordinaria derivada de la pandemia. El texto no exige requisito alguno.

En la lista de beneficiarios aparece una organización que adeuda ¢840 millones a la seguridad social, de acuerdo con los registros de la CCSS.

Se trata de la Asociación de Pequeños Agricultores de Colonia Naranjeña (Apacona).

Esta asociación de productores de piña ha sido refinanciada por entidades estatales en el pasado, en medio de cuestionamientos.

Actualmente, se encuentra de baja automática ante Hacienda porque no ha presentado sus últimas declaraciones.

En la lista de beneficiarios incluso figuran personas fallecidas o personas que, ante el Ministerio de Hacienda, están inscritas en actividades ajenas a la agrícola.

Los diputados también le perdonarían endeudamiento bancario a la Fundación Proagroin, la cual registraba en enero una deuda de casi ¢59 millones con la CCSS.

Actualmente, esta fundación se encuentra activa, pero no operativa, manifestó su director general Jorge Sánchez.

El representante sostiene que el dato se encuentra desactualizado pues, según dijo, la Fundación pagó a la CCSS deudas que ascendían a ¢90 millones con propiedades y un monto en efectivo.

Actualmente, Proagroin tiene problemas de liquidez y solo está operativa en el cobro de créditos que otorgó a productores agrícolas.

El Estado le estaría condonando a esta fundación 14 préstamos que usó para financiar a agricultores.

Según Sánchez, el total de créditos con el Sistema de Banca para el Desarrollo oscila entre ¢800 y ¢1.000 millones.

Entre los beneficiarios del proyecto de ley también hay personas físicas con deudas considerables con la CCSS. Tal es el caso de José Adrián Herrera, con ¢27 millones, mientras que Alfredo de Jesús Chacón debe ¢15,7 millones.

Mientras, las deudas con Hacienda las tienen 38 beneficiarios. La más alta, por ¢9 millones, está a nombre de Trino Ricardo Picado, quien también debe ¢2,8 millones a la CCSS .

Le sigue Luis Alberto Quesada con una deuda de poco menos de ¢5 millones a Hacienda y una de ¢1 millón con la CCSS.

Las deudas fueron analizadas con base en la lista de morosos con la CCSS al 31 de enero del 2021 y el sistema de consulta tributaria del Ministerio de Hacienda.

El Sistema de Banca para el Desarrollo se reservó el monto de los créditos de los beneficiarios, calificando esa información como sensible y confidencial.

Consultada sobre estos incumplimientos, la ministra de Economía y presidenta del Consejo Rector del Sistema de Banca del Desarrollo, Victoria Hernández, evitó referirse al tema.

Señaló que la decisión de aprobar el proyecto de ley compete exclusivamente a los diputados, pese a tratarse de una propuesta fomentada desde el Gobierno.

Beneficiarios múltiples y otras actividades

De la lista de 2.705 créditos que se estarían perdonando con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, decenas de personas tienen múltiples créditos con la entidad.

En un caso, una persona recibe hasta siete condonaciones, mientras que la Fundación Proagroin recibiría el perdón de 14 deudas.

A otro de beneficiario se le perdonarían cinco créditos, mientras que 182 personas o sociedades dejarían de pagar tres o dos créditos, cada una.

De acuerdo con la actividad registrada en el Ministerio de Hacienda, muchas de estas personas o sociedades no están inscritas ni siquiera en la actividad agrícola, a la cual pretende beneficiar el proyecto debido a la crisis económica generada por la pandemia de covid 19.

Por ejemplo, entre los beneficiarios hay tiendas de ropa, bazares, ferreterías, transportes, sodas, supermercados, licoreras y hasta servicios de medicina general.

También figuran sociedades cuya actividad no fue posible constatar. Es el caso de la sociedad Oh La La que debe a la seguridad social ¢4,3 millones.

La Nación contactó al representante legal de la empresa, Hans Dyer; sin embargo, negó tener vínculo con la compañía y se negó a ofrecer más información.