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La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, desintegró el Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes que, en junio, le solicitó la renuncia por considerar que puso en riesgo la credibilidad e imagen de la institución.
Este 3 de agosto Crespo publicó, en el diario oficial La Gaceta, un cambio en el Estatuto Autónomo de la Organización de la Defensoría, con el que le quita todas las funciones al Consejo de Directores, dejándolo sin voz ni voto.
De esta forma, el Consejo ya no podrá tomar acuerdos y se limitará a ser un órgano asesor de Crespo, en el cual solo participarán las y los funcionarios de alto nivel que la propia defensora escoja.
Anteriormente, el Consejo de Directores estaba conformado por la defensora, la defensora adjunta y los directores de las oficinas de Defensa, Admisibilidad, Asuntos Jurídicos, Promoción y Divulgación, Oficinas Regionales, Planificación Institucional y el director administrativo, así como el director de despacho.
Todos los miembros tenían voz y voto y, entre las funciones del órgano, estaba “analizar la participación y actuaciones de la Defensoría en los diversos ámbitos en que se desenvuelve y hacer las observaciones al defensor de los Habitantes o al Defensor Adjunto que se consideren necesarias”. Así lo establecía el artículo 29.
Además, debía coordinar las labores de defensa de los habitantes, “deliberar sobre el estudio de los asuntos sometidos a conocimiento de la Defensoría y elaborar recomendaciones al defensor de los Habitantes”.
Con el cambio ordenado por Catalina Crespo, ahora el Consejo se limitará a asesorar en “la definición y aplicación de estrategias y políticas relevantes en la competencia de la Institución, así como en lo relativo a la administración de las tecnologías de información y comunicación”.
Asimismo, este órgano tenía derecho a sesionar ordinariamente los martes de cada semana o de forma extraordinaria cuando fuera convocado por el defensor, el defensor adjunto o por tres directores.
Una Secretaría Técnica era la que estaba a cargo de elaborar la agenda, convocar a sesiones, tomar actas y velar por la ejecución de los acuerdos adoptados en el Consejo de Directores.
Ahora, el nuevo órgano solo sesionará cuando lo decida el defensora de los Habitantes.
Sin consulta a dirección legal
El mismo Estatuto de la Defensoría establece que proyectos de creación o reforma de la normativa interna de la institución deben ser vistos por la La Dirección de Asuntos Jurídicos. Sin embargo, esta dirección confirmó a La Nación que Crespo no les refirió ningún documento antes de hacer este cambio.
“En este caso, eso fue pasado por alto, implica un rompimiento en una norma de procedimiento, porque usualmente los acuerdos, y sobre todos los acuerdos que son de creación o de reforma de normas internas de la institución, pasan por el visto bueno de la dirección Jurídica”, explicó Catalina Delgado, directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría.
La Dirección de Asuntos Jurídicos es el órgano superior consultivo técnico jurídico de la Defensoría de los Habitantes de la República, al que le corresponde emitir los dictámenes y proporcionar la asesoría jurídica, verbal o escrita.
Por su parte, la defensora indicó en un comunicado de prensa que se proseguirá haciendo cambios internos dentro de la Defensoría.
El caso UPAD
En junio, los directores cuestionaron la forma en que Crespo manejó la pesquisa de la Defensoría sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), así como sus declaraciones en una comparecencia ante el Congreso.
El Consejo de Directores concluyó que la defensora violentó los procesos establecidos para investigaciones de este tipo.
Por ejemplo, el equipo técnico fue hecho a un lado de la pesquisa y, que aunque este solo emitió un documento sobre el resultado de la investigación, luego la jerarca reveló la existencia de ocho borradores desconocidos para el resto. El Consejo también determinó que Crespo ignoró recomendaciones técnico-jurídicas del personal con más experiencia.
A finales de mayo, la defensora también dio a conocer la desaparición de parte del audio de la entrevista al presidente Carlos Alvarado sobre el caso, aunque el anuncio lo hizo dos meses después del momento en que se enteró del incidente. Asimismo, les prohibió a los directores hablar con la prensa sobre el extravío del audio del presidente Alvarado
También, trascendió la decisión de Crespo de omitir de la investigación el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
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