EscucharEn diez páginas de informe, la Defensa Pública del Poder Judicial desarmó el proyecto contra el maltrato animal que se discute en el Congreso, al advertir de desproporcionalidad en costos y procesos planteados para castigar a los agresores.
La directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, remitió a la Asamblea una opinión jurídica sobre el expediente 18.298, en la que señala errores de fondo, que a su criterio, podrían echar por la borda el trabajo de cinco años realizado en la Asamblea Legislativa.
“Por ejemplo, si se está considerando tipificar en la norma penal el atropello, ello implica que en el momento en que ocurra un accidente en perjuicio de un animal, deberá activarse el departamento de inspecciones del Organismo de Investigación Judicial, o la dirección de Tránsito y un juez para el respectivo levantamiento del cuerpo del animal”, apunta Muñoz.
El proyecto de ley establece penas de prisión, de uno a tres años, a quienes maltraten animales sin justificación.
En este sentido, Muñoz aplaude la idea de endurecer castigos contra el maltrato que establece la Ley de Bienestar de los Animales; sin embargo, advierte de que la redacción actual hace que el texto sea desproporcionado e inconstitucional y, por lo tanto, inaplicable.
“Si se habla de una lesión, abuso sexual, implica que el caso deberá ser valorado a nivel de Medicatura Forense, es decir, esas conductas requerirían pericias forenses para investigar los casos”, dice el texto de la Defensa Pública.
El documento, que fue solicitado por el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, apunta la inconveniencia de que los delitos por maltrato contra los animales se tipifiquen como materia penal, generando costos propios de este tipo de procesos.
Costos y honras. “En las condiciones de déficit fiscal que enfrenta el país, sería muy oportuno que en sede contravencional se puedan tipificar a nivel administrativo o contravencional algunas de las conductas, y se solventarían estas falencias de desproporcionalidad de la norma”, agrega.
En este sentido, la Defensa Pública señala que la apertura de un proceso penal en todas sus etapas (audiencia preliminar, juicio, apelación de sentencia y casación basado en el costo estimado de plazas al segundo semestre del 2013) le costaría al Estado alrededor de ¢6.665.157
Muñoz enciende la alarma sobre el hecho de que al abrir un proceso penal, el expediente de las personas queda marcado, aunque según el plan de ley, se trate, incluso, de un accidente.
La iniciativa está en etapa final de discusión en el Congreso y cuenta con el apoyo mayoritario de los legisladores; sin embargo, ante estas y otras advertencias, los congresistas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea trabajan en enmendar el texto.
Al respecto, la parlamentaria del Frente Amplio, Ligia Fallas, asegura que la ley resultante debe garantizar el respeto a la vida de los animales, de la misma manera en que se respeta la vida de un ser humano, más allá de los costos que esto implique.
