El gobierno de Daniel Ortega cesó a Harold Rivas Reyes del cargo de embajador de Nicaragua en San José.
La decisión fue comunicada a la Cancillería costarricense el sábado 27 de enero mediante una “nota verbal” por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.
Allí se menciona que la decisión comienza a regir en el momento de la comunicación a las autoridades diplomáticas costarricenses, pero no expone las razones de tal medida.
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el compañero comandante José Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, ha decidido la finalización de funciones del compañero Harold Fernando Rivas Reyes, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República de Costa Rica", señala la nota.
Al mismo tiempo, se informó que también fue cesada Jeannette Pérez Vega, del cargo de cónsul general. Ella es esposa de Rivas, según el medio nicaragüense El Confidencial.
Rivas tenía 11 años al frente de la embajada de Nicaragua en San José, su nombramiento ocurrió en febrero del 2007.
Según la Cancillería nacional, el gobierno de Ortega también indicó que "próximamente estará enviando comunicación para el trámite de beneplácito del nuevo embajador", sin especificar nombres.
Hermano bajo la lupa
Harold Rivas es hermano del magistrado electoral nicaragüense, Roberto Rivas Reyes, quien tiene un historial de bienes en Costa Rica y es investigado por la Fiscalía General por un aparente delito de legitimación de capitales.
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El 21 de diciembre del 2017, el jerarca del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual lo acusó de cometer fraude electoral y de amasar una considerable riqueza en su país.
Luego de esa sanción fue que el Ministerio Público decidió abrir un expediente contra Roberto Rivas el 9 de enero pasado, tras recibir información del caso en EE. UU. que hacía referencia a Costa Rica.
Se trata de publicaciones entregadas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre presuntos hechos delictivos cometidos por Rivas en suelo nacional, sin especificar detalles.
De momento, esa causa se encuentra en investigación y en recolección de prueba. Esta etapa es privada y no tiene un plazo de término establecido por ley.
Roberto Rivas fue incluido en una lista de personas acusadas por violaciones a los derechos humanos y por actos corruptos, que emitió la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 21 de diciembre del 2017.
Según el comunicado de prensa que emitió esa dependencia a poco más de un mes, los bienes del magistrado nicaragüense en EE. UU. fueron bloqueados, al tiempo que se le prohibió a los estadounidenses hacen transacciones con él.
El Departamento del Tesoro especificó así las razones por las cuales sancionó a Roberto Rivas:
"Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado en $60.000 por año, Roberto José Rivas Reyes ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un contralor general de Nicaragua como "por encima de la ley", y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua".
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Historial de bienes en el país
En suelo costarricense, Roberto Rivas es presidente de la empresa Chibilu del Oeste S. A. que es dueña de “un terreno con una casa de una planta en construcción” en el condominio de lujo Villa Real, en Santa Ana.
Según el Registro Público, la propiedad mide 1.514 metros cuadrados y tiene un valor fiscal de ¢111 millones (unos $193.000).
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En el 2009, La Nación publicó que esa misma sociedad anónima registraba otras cuatro casas en ese mismo condominio, donde residían tres de los hijos de Roberto Rivas y dos hijos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Las cuatro residencias medían 2.441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3.514 metros cuadrados.
Ese mismo año, además, el gobierno costarricense cuestionó a Roberto Rivas por tener en San José dos vehículos de lujo que fueron exonerados de impuestos, con placa diplomática de la Embajada de Nicaragua, a pesar de que él no era miembro de la delegación diplomática.
Además, el alto funcionario nicaragüense es un asiduo visitante a Costa Rica, en los últimos dos años registra 60 ingresos o salidas del país.
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