Natasha Cambronero. 9 enero
El presidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, Roberto José Rivas, Reyes. AFP PHOTO/ELMER MARTINEZ
El presidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, Roberto José Rivas, Reyes. AFP PHOTO/ELMER MARTINEZ

La Fiscalía General abrió este martes una causa judicial contra el magistrado electoral nicaragüense, Roberto Rivas Reyes, quien tiene un historial de bienes en Costa Rica. La investigación se relaciona con un aparente delito de legitimación de capitales.

El 21 de diciembre del 2017, el jerarca del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual lo acusó de cometer fraude electoral y de amasar una considerable riqueza en su país.

"Se abrió de oficio la causa 18-000038-058-PE luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”, precisó la oficina de prensa del Ministerio Público, en un correo electrónico, sin precisar más detalles de los hechos indagados.

"El caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito. Esta etapa es de carácter privado, según el artículo 295 del Código Procesal Penal", agregó la Fiscalía, ante la consulta de La Nación.

En suelo costarricense, Rivas es presidente de la empresa Chibilu del Oeste S. A. que es dueña de "un terreno con una casa de una planta en construcción" en el condominio de lujo Villa Real, en Santa Ana.

Según el Registro Público, la propiedad mide 1.514 metros cuadrados y tiene un valor fiscal de ¢111 millones (unos $193.000).

En el año 2009, este medio publicó que esa misma sociedad anónima registraba otras cuatro casas en ese mismo condominio, donde residían tres de los hijos de Rivas y dos hijos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Las cuatro residencias medían 2.441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3.514 metros cuadrados.

Ese mismo año, además, el gobierno costarricense cuestionó a Rivas por tener en San José dos vehículos de lujo que fueron exonerados de impuestos, con placa diplomática de la Embajada de Nicaragua, a pesar de que él no era miembro de la delegación diplomática.

Además, el alto funcionario nicaragüense es un asiduo visitante a Costa Rica, en los últimos dos años registra 60 ingresos o salidas del país.

Sugef pide a bancos revisar operaciones

La Fiscalía no fue la única que inició gestiones contra Roberto Rivas en el país. Avisada por Estados Unidos, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) pidió a los bancos revisar si él posee "cuentas activas o pasivas" en el sistema financiero nacional.

De resultar positiva esa gestión, la superintendente general de Entidades Financieras a. i., Cecilia Sancho, también pidió que se proceda de "conformidad con las disposiciones legales e internas".

"Las entidades y personas supervisadas deben establecer en sus políticas las acciones a llevar a cabo en tales casos. Las acciones pueden incluir: diligencia o monitoreo reforzado del cliente, cierre de cuentas, reporte de las transacciones como operación sospechosa, entre otras", precisó Sancho en un correo electrónico a La Nación.

Sancho pidió tal diligencia, luego de que la Sugef recibiera una "nota de aviso de sanciones remitida por la Embajada de EE. UU. (en San José)", el 2 de enero anterior.

Allí se incluía a Rivas en una lista de personas acusadas por violaciones a los derechos humanos y por actos corruptos, que emitió la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 21 de diciembre del 2017.

"Esta Superintendencia remitió dicho aviso a las entidades supervisadas así como a las personas inscritas según el artículo 15 de la Ley 8204, a efecto de que estas revisen si esas personas tienen cuentas activas o pasivas, y que, en caso de ser positivo, procedan de conformidad con las disposiciones legales e internas", expresó Sancho.

Ante la inclusión en la lista de la OFAC, el gobierno norteamericano congeló los bienes de Roberto Rivas en Estados Unidos y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él.