EscucharJorge Fabio Sibaja Rodríguez era un nombre más que se apuntaba en la línea de voluntariado, que siempre ha enorgullecido al Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entró por el comité de Desamparados, se acercó a colaborar en la sede central, tomó responsabilidades ad honórem, fue contratado un cuarto de tiempo y se ganó la confianza ciega de la cúpula.
Ahora las nuevas autoridades del PAC lo culpan de engaño, al convencer al anterior Comité Ejecutivo del partido de la necesidad de trámites jurídicos que eran innecesarios, por los que él facturó más de ¢300 millones en siete meses de la campaña.
Para peores, la semana antepasada fue detenido durante 24 horas por otro asunto, pues se le indaga por un intento de fraude a la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la presentación de documentos falsos para que le pagaran ¢100 millones en honorarios, por su labor como abogado externo de la entidad en demandas contra patronos morosos.
Las autoridades del PAC insisten en que él los burló, aunque Sibaja sostiene que él advirtió de que no era necesario autentificar firmas en campaña y que su trabajo fue real y respaldado.
En campaña, cobraba principalmente por autentificar firmas y, con el monto facturado, habría certificado unas 20.000 rúbricas en los documentos electorales.
Sibaja acabó siendo noticia y objeto del repudio de los asambleístas nacionales del PAC, conscientes de que el caso mancha la bandera de la ética y la austeridad que el Partido suele exhibir.
Lo que él autorizaba pasaba para mero trámite a manos del tesorero de turno o de la secretaría general. Así cuenta Olga Marta Sánchez, secretaria general en la campaña y actual ministra de Planificación. También lo dicen el presidente en ese periodo, Olivier Pérez, y la antecesora de Sánchez, Margarita Bolaños.
Esta última dijo que conoció a Sibaja al asumir la secretaría general, en febrero del 2009. “Ya él estaba ahí, no era asambleísta. Tenía conocimiento en asuntos electorales, porque él se había formado en ese campo. Apoyó la Comisión de Asuntos Electorales”.
Así fue ganándose la confianza de la cúpula y del órgano máximo, la Asamblea Nacional, que lo nombró como miembro del Tribunal Electoral Interno (TEI).
“Nunca fue dirigente, sino un asesor”, advierte Leda Zamora, aunque él sí es militante. Era el abogado que conocía las reglas y, además, demostraba entrega, sin acercarse a ninguna tendencia.
Así llegó la campaña del 2013. “No podíamos prescindir de él (...), hizo muy bien el trabajo y fue más allá de lo que se le pagaba”, contó Pérez. Después vinieron las autentificaciones innecesarias, cuyo cobro resultó ser fuente de controversia. Todos los entrevistados coinciden en que había una confianza ciega.
