El Ministerio de Cultura investiga desde hace 18 meses, si a la exdirectora del Teatro Popular Melico Salazar, María de los Ángeles Fonseca Pacheco (2012-2018), se le pagó de manera indebida el incentivo salarial conocido como prohibición, durante cinco años.

En apariencia, Fonseca habría recibido ¢70 millones por ese sobresueldo, a pesar de que no cumplía con uno de los requisitos para cobrarlo. Ese plus es una compensación económica que reciben los jerarcas del Estado por no ejercer sus profesiones liberales.

El problema es que ella no cumplía con el requerimiento de poseer una profesión liberal, lo cual es indispensable para acceder a ese incentivo, según un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), del 2013.

Fonseca es bachiller en Artes Dramáticas, por la Universidad de Costa Rica, y de acuerdo con un criterio de la PGR, las carreras vinculadas a las artes no entran dentro de la definición de profesión liberal.

“La Procuraduría ha indicado que las profesiones artísticas no constituyen profesiones liberales en razón de su naturaleza y de las especiales características de las actividades que realizan, por lo que no están incluidas en la prohibición establecida por el artículo 14 de la Ley N.° 8422 ( Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) y 27 de su Reglamento", determinó el abogado del Estado hace seis años.

Tras ser consultada por La Nación, la exjerarca atribuye el pago de ese plus a un error del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Alega que esa dependencia era la encargada de corroborar si ella debía o no recibirlo.

“La prohibición usted no la pide, la prohibición se le entrega. Hay un técnico que es la persona que debe estudiar lo que a cada persona se le entrega, porque cuando uno entra a trabajar a la función pública piden todos los atestados. Uno entrega y se supone que hay un estudio profesional que es el que te calcula cuánto va a ser tu salario”, adujó Fonseca por teléfono.

Investigación administrativa

Cultura por su parte, informó que desde octubre del 2017 se inició un “procedimiento administrativa ordinaria”, con la finalidad de “determinar la presunta nulidad evidente y manifiesta de los actos administrativos contenidos en las acciones de personal que autorizaron el pago de prohibición a la señora María de los Ángeles Fonseca Pacheco”.

Sin embargo, a través de la oficina de prensa, agregó que la institución no se podía referir al fondo del caso porque todavía se encuentra en trámite, propiamente en el despacho de la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra.

En aquel momento, el pago de la prohibición a Fonseca fue autorizado por la jefatura de Recursos Humanos de Cultura de ese entonces, según un relato de los hechos emitido por la Procuraduría, a finales del 2017.

María de los Ángeles Fonseca, además de tener un bachillerato en Artes Dramáticas, es actriz, productora y directora teatral.

Fungió como directora del Melico Salazar, por primera vez entre el 1.° de abril del 2012 y el 8 de mayo del 2014, durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).

Luego, desde el 2 de junio del 2014 hasta el 8 de mayo del 2018, en la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

En ambos periodos recibió el beneficio, con la salvedad de que en el segundo se le otorgó hasta abril del 2017. La prohibición equivale al 65% del salario base.

Si bien Fonseca atribuye el error Recursos Humanos, ella considera que cuando le suspendieron el pago de la prohibición, en el 2017, el ministerio no cumplió el debido proceso.

Dos cifras distintas

Aunque Cultura asegura que la exdirectora del Melico Salazar recibió en total ¢70 millones por ese plus salarial, la Procuraduría dice que fueron ¢53 millones, es decir, ¢17 millones menos.

La segunda cifra aparece en una relación de hechos que la PGR hizo sobre el caso el 4 de octubre del 2017.

Ese día, el abogado del Estado rechazó una denuncia presentada, cinco meses antes, por un ciudadano de apellidos Robles Monge, quien alegó ilegalidad en el pago de ese sobresueldo.

La Procuraduría la descartó bajo el argumento de que escapa de su competencia y, además, porque ya había una investigación interna en el Ministerio de Cultura y otra en la Contraloría General de la República (CGR).

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‘Me mancharon mi nombre para siempre’

En una breve conversación con este periódico, María de los Ángeles Fonseca insistió en que el error se cometió en Recursos Humanos.

“Si a usted le dicen, usted es el encargado de hacer un reclutamiento de todo su personal y su personal tiene que tener A, B, C y D y usted no lo corrobora, ¿de quién es el error? Suyo, no de la persona que usted está contratando, ¿verdad?”, reiteró la exjerarca.

Además, cuestionó que la investigación de su caso se haya prolongado tanto tiempo y lamentó el criterio de la Procuraduría en el que determinó, en el año 2013, que las profesiones artísticas no son liberales.

“Es solamente un criterio. Eso no significa que no lo seamos y ahí es donde está la carne del asunto”, cuestionó Fonseca.

Recordó también que, su gestión en el teatro fue impecable y con la voz quebrantada, contó que esta polémica le afecta mucho: “Me mancharon mi nombre para siempre y eso no es justo".

Ministra informó de dos despidos a la Contraloría

La Nación también consultó a la Contraloría, pero este ende le limitó a facilitar una comunicación enviada por la ministra Durán, el 6 de marzo del 2017.

En ese documento, la jerarca de Cultura informó que a Fonseca se le pidió “la suspensión voluntaria del pago de prohibición mientras se investigaban los hechos”.

“Dicha petición fue aceptada por la funcionaria”, indicó Durán ese día.

También informó sobre el inicio de una investigación preliminar para determinar faltas y a presuntos responsables y que se gestionó ante la Dirección General del Servicio Civil el despido de la jefa de Recursos Humanos, de apellido Barahona. En esa ocasión el procedimiento estaba en trámite.

Este medio le consultó al Ministerio de Cultura sobre esa gestión, pero al cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.

De igual forma, Durán informó a la Contraloría sobre un trámite de despido sin responsabilidad patronal en contra de la auxiliar de Recursos Humanos del teatro, de apellido Mitchell.

El argumento de la ministra fue que una investigación preliminar determinó que, en este caso, Mitchell incurrió en una falta grave.

Como Mitchell ya se había pensionado, la junta directiva del teatro procedió a suspender el pago de la cesantía, porque así lo estipula el Código Procesal Laboral, de acuerdo con la comunicación de la ministra.