En la Corte Suprema de Justicia se encendieron las luces de alerta ante el avance en el Congreso de un plan para crear una jurisdicción contra el crimen organizado, que de momento no tiene fuente de financiamiento.
Si bien la idea es uno de los temas a discusión de parte de los magistrados, el hecho de que se apruebe una ley en ese sentido, sin que se clarifique el origen de los fondos para financiarlo, causa preocupación muros adentro de la Corte Plena y en el Ministerio de Hacienda.
Aún así, una semana atrás, los diputados dieron dictamen positivo al proyecto 19.645, que pretende crear una jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que obliga a nombrar un número indeterminado de plazas de jueces, fiscales, defensores, así como de personal administrativo.
El plan prevé un sistema jurisdiccional que se encargue exclusivamente de atender los casos de delincuencia organizada, de manera que se puedan resolver con mayor prontitud ante los riesgos que actividades como el lavado de activos, el narcotráfico y la trata de personas representan para el país.
Si bien en principio es una idea que se aplaude en cualquier foro en donde se discute, lo cierto es que a la fecha no hay claridad sobre cómo se va a financiar la jurisdicción.
A la fecha, los diputados no tienen claro cuánto podría costar esta propuesta y temen porque el Ministerio de Hacienda se rehusa a girar más recursos de los que ya se presupuestan.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema, José Manuel Arroyo, dijo que no debería aprobarse el proyecto antes de que se aclare la fuente de financiamiento de la nueva jurisdicción contra el crimen.
“Le puedo asegurar que este proyecto de ley no se puede aprobar sin que esté claramente definido de dónde se van a tomar los recursos económicos que se exigen, que en principio es por alrededor de ¢1.500 millones” al año, comentó Arroyo.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro interino de Hacienda, José Francisco Jiménez, externó la preocupación de la cartera respecto a la falta de recursos.
“La inmediatez de giro de recursos no tiene cabida dentro de un procedimiento ordenado y adecuado de formulación de un presupuesto”, dijo Jiménez en nota enviada al Congreso el pasado 27 de enero.
Respecto de las preocupaciones de los magistrados y del Poder Ejecutivo, los congresistas se dividen en cuanto a las posibles soluciones.
“Son dudas válidas y al final de cuentas, como dice el dicho, no se puede hacer chocolate sin cacao, hay que analizar el tema y ver de cuánta plata estamos hablando para ver si el Poder Judicial está en capacidad de sostenerlo”, opinó el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Leiva.
El socialcristiano afirmó que en el periodo extraordinario de enmiendas, conocido como “mociones 137”, puede abrir un espacio para corregir la iniciativa.
Marco Vinicio Redondo, jefe del PAC, afirmó que el presupuesto del Poder Judicial requerirá “de un acomodo”.
Redondo afirmó que se debe atacar el tema del crimen organizado creando la jurisdicción, para minimizar el riesgo. En este sentido ,dijo que se debe buscar la aprobación de proyectos que faculte a las autoridades para apropiarse de recursos del crimen para financiar la justicia.
Sin embargo, el proyecto sigue sin financiamiento, un tema que tiene al Poder Judicial en la picota, pues según Redondo “debe buscar su eficiencia”.
