La contratación del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para el manejo de la pauta publicitaria de instituciones públicas, se discutió en el Consejo de Gobierno, según confirmó Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Acuña acudió, el lunes 27 de noviembre, a una comparecencia ante la comisión legislativa que investiga las millonarias contrataciones de dependencias estatales con el Sinart.
Luego de la audiencia, admitió a La Nación que el tema del Sinart ha sido tratado en las reuniones semanales que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sostiene con su gabinete.
“Esas discusiones se daban en el seno del Consejo de Gobierno, pero desde un punto de vista, pues la línea que incluso el presidente ha determinado es de democratización de la pauta”, manifestó el jerarca.
Indicó que hubo, al menos, una sesión en la que el Sinart expuso sobre los servicios que podía brindar. “Y ahí se desprendía, si cada institución podía o no contratar esos servicios, dependiendo de si eran convenientes o no”, aseveró.
Señaló que, luego de esta presentación, en la segunda mitad del 2022 tuvo un acercamiento con Allan Trigueros, entonces presidente del Sinart, para hablar sobre los ofrecimientos de la empresa en materia de comunicación.
Durante su comparecencia, Acuña negó haber recibido presión de Casa Presidencial para contratar a la agencia de publicidad del Sinart, a pesar de que el ICE ya tenía dos agencias contratadas y de que los criterios técnicos cuestionaban la pertinencia de dicho convenio.
“No pude haber tenido ninguna presión, en vista que este tema no lo he conversado con el presidente; específicamente, el tema del Sinart”, expresó.
Niega instrucción sobre Sinart
El presidente ejecutivo del ICE rechazó en forma reiterada que las líneas giradas por el mandatario a sus jerarcas sobre pauta publicitaria, durante las sesiones de Consejo de Gobierno, se puedan considerar como instrucciones.
“No es una instrucción, sino una conversación en donde se da una línea estratégica general de democratización de la pauta y cada uno dentro de sus competencias, y ámbito de acción, del debido proceso y legal, determina las decisiones”.
“Es una pauta general. Así como hay una pauta de queremos mejorar la educación, queremos mejorar la salud, hay que mantener las tarifas bajas. Esas son las discusiones que se establecieron en ese momento”, argumentó.
En una sesión previa a la del jerarca, Jacqueline González Jiménez, quien se desempeñó como directora de Estrategia Comercial de Kölbi, contó a los diputados de la comisión investigadora que fue presionada para contratar la agencia de publicidad del Sinart.
“La presión fue mucha. A finales de noviembre, hubo un par de reuniones con don Allan Trigueros y, como querían que se hiciera algo, pedí un catálogo de servicios para desarrollar una propuesta acorde con necesidad de Kölbi”, relató.
De acuerdo con la mercadóloga, la solicitud era otorgar al Sinart un contrato de ¢500 millones, pero no había fondos disponibles para ello. Entonces, según indicó, solo se pudo gestionar por ¢180 millones.
“En mi afán de hacer las cosas apegadas a la técnica y a la ciencia, busqué servicios necesarios para Kölbi”, dijo, por lo que pensó que el Sinart podría encargarse de elaborar la página web de Kölbi, así como labores de análisis digital, animación digital y compra de espacios de medios alternativos y regionales.
Añadió que, en una reunión virtual, el presidente del ICE manifestó sobre esta contratación: “Tranquilos, el problema es mío”.
González precisó que recibió una llamada el 30 de noviembre a las 6:35 a. m. del gerente de Telecomunicaciones, Luis Diego Abarca, quien le dijo que la contratación del Sinart debía acordarse ese día.
Al día siguiente, el 1.° de diciembre del 2022, entraba a regir la Ley de Contratación Pública, que restringió el porcentaje de servicios que un contratista puede subcontratar (se redujo de un 50% a un 30%).
‘Democratización de pauta’
El concepto utilizado por el gobierno sobre “democratización de pauta publicitaria” ha sido cuestionado durante el proceso de investigación que llevan a cabo los diputados sobre los contratos con el Sinart.
En octubre pasado, la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, indicó al foro legislativo que la interpretación dada por esta administración al concepto consiste en “torcer el brazo a los periodistas” y “pagar publicidad para que hablen bien del presidente”.
Precisó que desde el inicio del actual gobierno, el asesor presidencial, Federico Cruz, conocido como Choreco, insistió en el concepto de “democratización de la pauta”, pero que dicha iniciativa en realidad lo que procuraba era favorecer a los medios que presentaran una imagen favorable del Poder Ejecutivo.
“Sí efectivamente, se quería, por lo que yo he visto, favorecer a los que favorecen al gobierno”, indicó Navarro ante una consulta de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).