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Sin que Casa Presidencial se lo consultara, la Contraloría General de la República le advirtió al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, de las responsabilidades disciplinarias, civiles y penales que implicaba pagar el incentivo por prohibición a una viceministra que no estaba incorporada a su colegio profesional.
La advirtió, además, de que las consecuencias no solo pueden recaer sobre los que otorgaron beneficios a personas que incumplan los requisitos, sino que también sobre los que los reciben y sobre aquellos que los mantengan.
La Contraloría entró en escena en la recta final del caso sobre la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien devengaba un monto adicional, equivalente a un 65% de su salario, para que no ejerciera la profesión de abogada a pesar de que carecía de licenciatura en Derecho y de que no estaba incorporada al Colegio de Abogados.
Con la anuencia de la contralora general de la República Marta Acosta, la División Jurídica del ente contralor envió su oficio a Zapote el jueves 27 de abril, a sabiendas de que Casa Presidencial efectuaba un procedimiento interno para dirimir el caso. La carta llegó diez días antes de que se resolviera el asunto.
En ese momento, se discutía si la viceministra Zúñiga podía recibir un 65% o un 45% sobre el salario base; en criterio de la Contraloría, le correspondía un 0%.
Zúñiga sostenía que podía cobrar el 65%, aunque el 28 de abril anunció que renunciaba de manera voluntaria a una parte del incentivo, de manera que recibiría un 45% en vez de un 65%, al tiempo que devolvería ¢8 millones equivalentes a la diferencia en lo que ya había cobrado.
CARTA QUE LA CONTRALORÍA ENVIÓ A PRESIDENCIA
Haciendo énfasis en que la Constitución Política le otorga la vigilancia sobre el uso de los fondos públicos, la carta le añadió al ministro de la Presidencia que las responsabilidades adquieren especial relevancia cuando las instituciones son alertadas por la Contraloría de un error en el empleo de los recursos estatales.
El caso de la viceministra Zúñiga lo dio a conocer el medio digital elmundo.cr a finales de febrero. Sin embargo, desde el 1.° de diciembre del 2016, la Auditoría Interna de la Presidencia le informó al ministro de la Presidencia que ella podía estar cobrando prohición sin cumplir con los requisitos.
Como parte del procedimiento, el 23 de febrero, Presidencia ordenó la medida cautelar de suspender el pago del 65% y reducirlo a un 45%.
Un día después, Casa Presidencial solicitó un criterio sobre el tema a la Procuraduría General de la República, la cual contestó que, si bien los egresados de la Licenciatura en Derecho no podían cobrar el 65% de prohibición que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, sí podría devengar un 45% adicional con base en la Ley de Compensación si el jerarca consideraba que era necesario que tuviese estudios avanzados. Esa respuesta llegó el 18 de abril.
Más de un mes antes, el 9 de marzo, la contralora general dijo públicamente en el Congreso que los no colegiados no pueden cobrar el 65% de prohibición establecido en la Ley contra la Corrupción si su profesión exige la colegiatura, porque el beneficio perdería sentido, en vista de que no se les está limitando ningún derecho. Agregó que tampoco pueden acogerse a incentivos de otra ley.
Pese a las diferencias de criterio entre la Procuraduría y la Contraloría, Casa Presidencial no le solicitó una opinión formal al ente contralor, según confirmó este último.
Pero la Contraloría se encargó de enviar de oficio su propio dictamen firmado por los gerentes de la División Jurídica, Luis Diego Ramírez y Jaínse Marín.
"La prohibición al ejercicio liberal de la profesión entraña un acto de disposición de recursos de la Hacienda Pública, cuya vigilancia ha sido encargada constitucional y legalmente a esta Contraloría General, de ahí el marcado interés del órgano contralor que las decisiones por adoptar en este caso, se ajusten al bloque de legalidad y garanticen la observancia rigurosa de la normativa aplicable al manejo de los fondos públicos".
"Tómese en cuenta además que en los artículos 38 y 56 de la Ley contra la Corrupción se establece como causal de responsabilidad disciplinaria, civil e incluso penal, la aplicación indebida de la prohibición regulada en los artículos 14 y 15 de ese cuerpo normativo, responsabilidades que pueden ser extensivas –no solamente- a quienes otorgan un reconocimiento a contrapelo del ordenamiento jurídico globalmente considerado, sino también a los que lo reciben y aquellos que deciden mantener en el tiempo un pago en contravención a la normativa aplicable", dice el oficio CGR/DJ-0495.
El artículo 38 dice que tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente Ley contra la Corrupción.
El artículo 56 dice: "Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Será penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable".
"Lo anterior adquiere especial relevancia, cuando la administración es alertada por parte del órgano competente en la materia como es la Contraloría General, de una eventual aplicación incorrecta de dicha restricción en perjuicio de la Hacienda Pública, máxime que el órgano contralor ostenta una competencia prevalente para emitir criterio en punto a los cargos públicos cubiertos por prohibición", continúa el oficio, el cual reitera que no se le puede pagar el beneficio a funcionarios no colegiados en el caso de que su profesión exija la colegiatura.
Añadió que su criterio es vinculante en este tipo de casos de hacienda pública, según ha determinado la Procuraduría.
Luego de esto, el 7 de mayo, Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial y encargado de resolver el caso de Zúñiga, dictaminó que ella sí podía recibir el 45% según el criterio de la Procuraduría, una vez constatado que las funciones que le asignaron en un acuerdo del 2015 ameritan conocimiento en Derecho. "Existe sustento suficiente para reconocer un 45% sobre el salario base por concepto de prohibición a partir de su condición de engresada de la Licenciatura en Derecho", dice el punto 13 de la resolución.
Sin embargo, en el punto 14 se agrega el criterio de la Contraloría antes de emitir la decisión final que dice: "Tomando en cuenta lo manifestado por la Contraloría, en apego a las competencias legales y constitucionales asignadas a la Procuraduría General de la República, y a dicho órgano contralor, el órgano director procedió a declarar en su recomendación que el pago asignado por 65% a Zúñiga Aponte resulta improcedente en su totalidad. Y que al no ser posible reconocerle ningún porcentaje por concepto de prohibición, se debe proceder a la recuperación de las sumas pagadas de más, por los mecanismos establecidos".
Así lo resolvió seis meses después de que la Auditoría Interna reportara la posible irregularidad.
El martes de esta semana, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, dio a conocer que la funcionaria debía devolver ¢27 millones, de los cuales ya había desembolsado ¢8 millones.
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Añadió que se abrirán procedimientos para resolver casos similares de los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, así como de la ex viceministra de Agricultura, Gina Paniagua; y del viceministro de Paz, Víctor Barrantes.
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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también concluyó que el ministro de Turismo, Mauricio Ventura, cobró ¢25 millones sin estar colegiado, pero decidió reconocerle ¢21,4 millones por dedicación exclusiva de manera retroactiva.
Sin responsabilidad
Como resultado del procedimiento, la dirección jurídica concluyó que Zúñiga no tenía responsabilidad porque no solicitó ni intervino para el pago a su favor. No se comprobó dolo ni culpa grave, según la investigación de Casa Presidencial.
Tampoco se establecieron faltas graves por omisión o negligencia.
"Se constata que no existe conducta u omisión dolosa o producto de culpa grave, imputable a Ana Gabriel Zúñiga por la asignación del pago citado", concluyó el órgano director del procedimiento.
Casa Presidencial ordenó otros procesos, aun sin resolver, a las jefaturas administrativas encargadas de la revisión y aprobación del plus salarial.
Según la resolución de este caso, el salario de la viceministra quedó fijado por el departamento de Recursos Humanos desde la administración anterior, precisamente en un oficio del 30 de abril de 2014.
La Nación solicitó una copia de dicho documento, pero no hubo una respuesta inmediata al cierre de este artículo.
Jaínse Marín, gerente Asociado de la División Jurídica amplió que las faltas graves no solo se establecen cuando se comprueba un daño voluntario a la hacienda pública, sino también cuando exista negligencia.
El funcionario se refirió de forma genérica y no al caso de la viceministra, pues cada caso requiere de un proceso para determinar el actuar de cada funcionario.
