Por: Natasha Cambronero.   20 febrero

La Contraloría General de la República contradijo la versión del Banco Nacional (BN) en el caso del proyecto hidroeléctrico privado Capulín San Pablo, obra para la cual el BN giró $103,5 millones con el inconveniente de que el ICE ya no está interesado en comprarle la energía que produzca.

Ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, el BN había dicho que el contrato entre el ICE y el consorcio Hidrotárcoles, desarrollador de la hidroeléctrica ubicada en Turrubares, permitía ampliar el plazo para empezar las operaciones de la planta por una única vez.

No obstante, este martes, las autoridades de la Contraloría declararon que, según el contrato que esta institución refrendó, la cláusula citada por el Nacional lo que permite es reducir el plazo de 36 meses para iniciar operaciones, no extenderlo.

Agregaron que la única posibilidad de ampliar el plazo sería mediante una adenda acordada entre las partes, lo que nunca ocurrió entre el consorcio y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Así lo explicó Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR).

La Contraloría refrendó el contrato en el 2012. El consorcio debía terminar la obra en agosto del 2015, pero no lo hizo. El ICE, entonces, en diciembre del 2015 inició el proceso de rescisión del contrato, lo que concluyó en enero de este año con la ruptura.

El Instituto ya no compraría la energía, lo que constituía la única garantía que el BN tenía para recuperar el dinero que le prestó al consorcio.

La contralora general, Marta Acosta, junto a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa; Rosa Fallas, de la Dirección Jurídica; y Amelia Jiménez, gerente de la división de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, durante la comparecencia en la comisión investigadora de créditos bancarios.
La contralora general, Marta Acosta, junto a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa; Rosa Fallas, de la Dirección Jurídica; y Amelia Jiménez, gerente de la división de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, durante la comparecencia en la comisión investigadora de créditos bancarios.

"En el tanto ellos (el ICE e Hidrotárcoles) no hayan hecho una modificación a la clausula 4.1.1., estas son la reglas juego. Así se refrendó conforme a lo que nos entregó el ICE", dijo Ugalde.

Y añadió: "En los términos en que se refrendó este contrato, se aclaró de acuerdo a las manifestaciones previas que nos hizo el ICE, que la clausula se entendía en tanto el plazo no podía ser modificado para ampliarse, sino para reducirse".

La contralora Marta Acosta sí negó que esa condición haya sido impuesta por el órgano contralor, a pesar de que así lo dijo Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE. Lo cierto, afirmó Acosta, es que fue un acuerdo entre las partes.

Otra interpretación

Hace ocho días, en ese mismo foro legislativo, Juan Carlos Corrales y Marietta Herrera, gerente general y directora jurídica del Banco Nacional (BN), respectivamente, insistieron en que la cláusula sí le permitía a Hidrotárcoles ampliar por una única vez el contrato.

Bajo esa línea, agregaron, fue que se postergó por dos años el inicio de operaciones de la planta, hasta el 10 de julio del 2017.

Este martes, el BN insistió en "la cláusula contractual, conforme está escrita, permite tanto adelantar como retrasar la fecha garantizada de inicio de operación comercial y, por consiguiente, si el ICE le había indicado a la Contraloría que la fecha solo podía adelantarse, estaba obligado a modificar la cláusula del contrato en ese sentido para que todas las partes tuvieran claro que solo era posible adelantar la fecha".

"Nunca existió una adenda al contrato que explicara a las partes lo que el ICE le dijo a la Contraloría para obtener el refrendo del contrato", agregó el banco.

La semana pasada, para reforzar esa posición, Corrales y Herrera argumentaron que, en varios documentos, el ICE estuvo de acuerdo con ese cambio y que así se consignó en varias reuniones y actas donde se trató el nuevo plan de trabajo, con el cronograma del proyecto.

Herrara, incluso, dijo que los 50 megavatios que generará la planta hidroeléctrica se tomaron en cuenta dentro del Plan de Expansión de la Transmisión 2014/2025, publicado por el ICE en noviembre del 2014. Allí se detalla en la tabla 3.1 que el proyecto "entrará en operación el segundo trimestre del año 2017".

Esta versión es coincidente con la del consorcio Hidrotárcoles.

Sin embargo, Allan Ugalde reiteró, una y otra vez, ante las repetidas preguntas de los diputados, que para modificar el contrato, indispensablemente, ambas partes debían no solo firmar un acuerdo, sino que también se requería de un refrendo por parte de la administración del ICE, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.

"En términos generales, una nota de una sola de las partes nosotros no la veríamos como una condición que modifique el contrato, porque tendría que haber un acuerdo entre ambas partes, en donde se especifiquen las condiciones en que sería ajustado y las cláusulas que serían ajustadas".

"Y como se mencionaba ahora, tendría que haber toda una motivación que justifique la condición del cambio para que se apegue a la legalidad. Una adenda, una modificación contractual, no se podría hacer unilateralmente", expresó Ugalde.

Hasta ahora, el ICE e Hidrotárcoles no han aprobado ninguna adenda o modificación al contrato, de acuerdo con las versiones que ambas partes han expresado en la comisión investigadora del Congreso.

Por esa razón es que la administración del ICE decidió romper el contrato con Hidrotárcoles, el pasado 15 de enero, aduciendo un incumplimiento del plazo máximo otorgado contractualmente al contratista para iniciar la operación comercial de la planta hidroeléctrica.

A la fecha, el Nacional le ha girado $103,5 millones a Hidrotárcoles de los $117 millones que conforman la línea de crédito otorgada y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) le ordenó al BN hacer una reserva del 20% del monto desembolsado, es decir, $20,7 millones.

La Sugef ordenó degradar la calidad crediticia del deudor porque el préstamo debe comenzar a pagarse a partir de marzo, pero esa obra está inconclusa y el ICE no compraría energía del proyecto.

Actualmente, la ruptura del contrato por el proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo se discute en el seno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde Hidrotárcoles querelló al ICE y exige la continuidad del contrato.