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La Contraloría General de la República (CGR) aprobó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un presupuesto extraordinario que incorpora a las arcas de la institución ¢94.032 millones en aportes a la deuda del Estado con el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El plan de gastos, avalado por el ente fiscalizador, contempla una asignación de ¢65.034 millones para el IVM. Estos recursos fueron conferidos a la CCSS mediante el primer presupuesto extraordinario de la República, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa desde el pasado 5 de marzo, y deben ser girados por el Ministerio de Hacienda.
Igualmente, integra un monto de ¢28.594 millones para el Seguro de Salud, como parte del convenio de pago firmado entre el Ministerio de Hacienda y la CCSS, el 21 de diciembre del 2023. Los dineros deben ser transferidos por el Ministerio de Salud.
El pasado 18 de junio, la Contraloría notificó a Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, sobre la aprobación de la modificación presupuestaria.
Seis días antes, el 12 de junio, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que no habían podido transferir el 100% de los recursos convenidos en diciembre del 2023, porque la institución de seguridad social no contaba con un presupuesto extraordinario aprobado.
El presupuesto extraordinario es por la suma total de ¢395.252 millones. Fue autorizado por la Junta Directiva de la CCSS el 2 de mayo y ocho días después, el 10 de mayo, fue remitido a la Contraloría para análisis y aprobación.
La CCSS indicó a este medio que, tras recibir el visto bueno del ente contralor, “se realizarán las coordinaciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, según corresponda, para la transferencia de los recursos”.
Conciliación de la deuda
El acuerdo firmado el 21 de diciembre fue por un monto total de ¢51.738 millones, de los cuales ¢27.000 millones deben destinarse al IVM y los restantes ¢23.549 millones, al Seguro de Salud.
En abril anterior, el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez Carrillo, reportó que la deuda del Estado con la institución creció en ¢638.000 millones en el lapso de un año y supera los ¢3,7 billones (millones de millones). Entre febrero del 2023 y febrero del 2024, el aumento fue de un 20,7%, según dijo.
Actualmente, el proceso de conciliación de la deuda se enfoca en la revisión de los registros que utiliza la CCSS para cobrarle a Hacienda los montos correspondientes a los servicios brindados por los seguros de Salud y Pensiones.
Sobre este aspecto, la CCSS aseguró que “ha externado reiteradamente su mayor disposición a suscribir nuevos convenios de pago para honrar la deuda estatal, siendo el proceso de conciliación de cifras un proceso en el cual la Caja ha suministrado la información requerida, así como las aclaraciones a las dudas e inquietudes que ha planteado ese ministerio (Hacienda) sobre el detalle de las cifras”.
La última medida anunciada, como parte de este trabajo, fue la firma de una carta de entendimiento para negociar la deuda del Estado con el IVM. El documento fue suscrito en abril pasado por el ministro Acosta y el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes.
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Se trata de un protocolo que debe seguir la CCSS para suministrar al Ministerio de Hacienda la información de las planillas de pensiones del IVM. En este, se detalla el formato y el orden en el que se deben presentar cada uno de los datos.
“La suscripción de esta carta de entendimiento permitirá agilizar la remisión de archivos de respaldo que sustentan la facturación de las cuotas cobradas por la institución”, externó la CCSS por medio de su oficina de prensa.
La CCSS indicó que ya remitió al Ministerio de Hacienda la información, tal como se indica en la carta de entendimiento, y que está pendiente la remisión de la información de otros periodos. “Inicialmente, el Ministerio de Hacienda está validando la información de los años 2015-2018, información que ya la institución envió. Los datos del 2019 en adelante se aportarán en el momento en que el Ministerio los solicite”, añadió.
Empero, un reciente informe de la Contraloría concluyó que la conciliación no ha sido efectiva, pues no se logró formalizar el reconocimiento de ningún monto de la deuda en los seis años que lleva en marcha el proceso, esto a pesar de que la mora sigue en aumento.
Indicó, además, que tampoco se tiene evidencia sobre la elaboración, formalización o implementación, de un plan para la institucionalización de la verificación de los pagos.
A raíz de esta situación, el ente fiscalizador ordenó la apertura de una auditoría sobre el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con los Seguros de Salud y Pensiones. La decisión fue comunicada el pasado 4 de junio al ministro de Hacienda y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, mediante un oficio.
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