En audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la contralora Marta Acosta lamentó que el Gobierno recortara al presupuesto de la Contraloría General de la República de forma unilateral, para el 2023.
De acuerdo con Acosta, el recorte por ¢338 millones no solo afectaría contratos en curso y otras obligaciones de la institución, sino que también lesiona la independencia que debe existir entre el Gobierno y el órgano fiscalizador del Estado.
“Yo sí quisiera rogarles encarecidamente que ustedes (diputados) defiendan la independencia de la Contraloría (...). Que nos hablen primero, no así, porque para mí se afecta la independencia y yo sí quisiera que la Asamblea Legislativa hable por la Contraloría, nosotros somos su órgano auxiliar”, expresó.
La contralora general argumentó que eventuales incumplimientos de contratos en curso provocarían sentencias posteriores en contra del Estado, de parte de los proveedores. Por esos motivos, solicitó a los diputados idear los mecanismos para restituir a la Contraloría los recursos recortados por parte del Gobierno.
De acuerdo con Marta Acosta, la Contraloría planificó un presupuesto austero por ¢20.590 millones para el año entrante. No obstante, se enteró de que el Ministerio de Hacienda redujo la transferencia a ¢20.252 millones cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2023.
“Podría ser muy poquito, pero para la Contraloría ese es todo el dinero del mundo porque se trata de temas muy importantes”, aseguró.
Acosta detalló que los recortes se aplicaron puntualmente en contratos vigentes, servicios básicos, capacitación y software para las auditorías. También, en los aportes patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco Popular.
De acuerdo con la jerarca, cuando otros gobiernos han solicitado recortes, se consulta con antelación al órgano contralor para que identifique cuáles partidas se pueden disminuir, con el propósito de no afectar áreas vitales de su operación. En este caso no sucedió así, según dijo a los diputados.
Marta Acosta a Pilar Cisneros: ‘No es lo mismo rebajarle a la institución A, a la B o a la C’
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Los diputados de oposición externaron su preocupación por lo relatado por Acosta. En tanto, la jefa de la fracción del partido de Gobierno, Pilar Cisneros, justificó el recorte a la Contraloría.
“Al igual que como le ha cortado a la Contraloría, le ha cortado al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a esta Asamblea Legislativa, a la Defensoría de los Habitantes y a todos los ministerios. Obviamente cada uno (los jerarcas) viene a defender sus intereses aquí, es lógico.
Según Cisneros, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le dijo que “si él hubiese dejado todos los presupuestos tal como lo mandaron los diferentes jerarcas, y todos aseguran que era lo mínimo esencial para operar, sin afectar los servicios de la ciudadanía, el presupuesto hubiese superado en ¢290.000 millones la regla fiscal.
“Yo lo que me pregunto es si estamos dispuestos a aceptar un presupuesto que supera en ¢290.000 millones la regla fiscal. Entonces todos salen contentos, a nadie hay que recortarle nada. ¿Qué hubiera hecho usted señora contralora si aprobamos ese presupuesto?”, expresó la oficialista.
La contralora no dudó en responder a Cisneros: “Primero yo diría, doña Pilar, que se debieron definir algunos criterios, porque no es lo mismo rebajar a la A, a la B, o a la C; no es la misma trayectoria de austeridad, de eficiencia en el gasto o los resultados de la A, de la B, o de la C.”
Agregó que “a mí me parece, usando su palabra, injusto el corte parejo para todos e inconsulto. Nosotros pudimos decir ‘prefiero que me corten tal’ y bajar el nivel de operación de la Contraloría, y no que me recorten tecnología, por ejemplo, porque eso es vital para nosotros y ahí nos están cortando. También los contratos”.
Contralora a Pilar Cisneros: No es lo mismo recortarle a una institución que a otra
Acosta puntualizó que el presupuesto inicial de la Contraloría cumplía con la regla fiscal. Y aseguró que este mecanismo de control del gasto debe aplicarse con rigurosidad en todo el sector público para asegurar las metas fiscales.
Jonathan Acuña, jefe de la bancada del Frente Amplio, aseguró que el Gobierno planteó “una chambonada fiscalista” en el presupuesto, al hacer recortes sin ningún criterio.
“Nos encontramos este tipo de recortes, hechos desde un escritorio desde Avenida Segunda, sin haber consultado con las instituciones, afectando la institución y, en este caso, afectando la propia independencia que tiene que tener la Contraloría”, aseguró el frenteamplista.
En esa misma línea, el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que “las instituciones que están dedicadas a supervisar y controlar no se pueden debilitar, máxime en una situación como la que atraviesa el país, donde debemos ser muy vigilantes de los escasos recursos públicos”.
Marta Acosta urgió a los diputados restituir los ¢338 millones recortados por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría General de la República para el 2023. Foto: (Asamblea Legislativa)
