La contralora general de la República, Rocío Aguilar, manifestó anoche que el procedimiento abierto en el caso del BCIE pretende esclarecer la “verdad real de los hechos” y determinar si hay o no “potenciales responsabilidades” de los funcionarios involucrados en el asunto.
La jerarca evitó referirse a si el investigado es el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, a pesar de que el mismo funcionario se encargó de hacerlo público la tarde de ayer.
Para la Contralora, el proceso es “como cualquier otro”, pero reiteró que se encontraba fuera de funciones por una indisposición de salud y desconocía los detalles del recurso de amparo presentado por Arias.
“Yo le puedo decir en general de cualquier procedimiento, se abre precisamente para determinar la verdad real de los hechos. Este es un procedimiento como cualquier otro”, recalcó Aguilar.
Un proceso. El procedimiento para determinar las responsabilidades del caso garantiza tanto la confidencialidad como la defensa de los derechos de quienes son procesados, dijo Aguilar.
“Hay una reglamentación sobre eso (el procedimiento): se abre, normalmente se hace una audiencia, después viene un órgano y resuelve sobre el tema, y también se pueden presentar recursos a lo largo del procedimiento”.
“Una vez que esa instancia resuelve sobre el particular, es posible que se presenten algunos recursos de alzada. Ese es el procedimiento en general”, señaló la funcionaria.
Lo que no determinó la Contralora fue si en vista de que hay un recurso de amparo, el proceso se detiene o no.
Aguilar volverá a funciones en la Contraloría General de la República la próxima semana.
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