Escuchar
El Consejo de Gobierno decidió abrir un procedimiento administrativo en contra de Anabelle García, integrante de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), cuyo nombramiento fue renovado el pasado 29 de mayo.
La investigación, por presunto tráfico de influencias, se acordó este martes en Consejo de Gobierno, confirmó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
"El Consejo de Gobierno conoció el informe de la Procuraduría de la Ética, lo conoció unos días después de la renovación de su nombramiento y decidió iniciar el debido proceso administrativo para conocer esa situación, conforme lo ha solicitado la Procuraduría", indicó el ministro.
La Procuraduría envió el informe AET-INF-016-2018 el pasado 31 de mayo al Consejo de Gobierno. Sin embargo, la investigación contra la funcionaria se inició desde julio de 2017, por una denuncia de la seccional ANEP-Incop.
Por normativa, cuando la Procuraduría remite el informe es porque, realizada la investigación preliminar, se ha determinado la existencia de actos de corrupción, falta de ética o transparencia en el ejercicio de la función pública.
Como el informe es confidencial, hasta que el Consejo tome una determinación, no es posible conocer las conclusiones del documento.
LEA MÁS: Procuraduría envió a Presidencia informe sobre supuesto tráfico de influencias en Incop
De acuerdo con el denuncia, García habría ejercido presiones para contratar a su nieto, menor de edad, como jornalero en el muelle de Puntarenas.
Entre la prueba aportada por el sindicato se encuentra una carta en la que consta una respuesta de la encargada de la Junta Promotora de Turismo del Incop, que confirma las diligencias de García a favor de su nieto.
La funcionaria Marilú Ramírez le ratificó al presidente del sindicato que García preguntó, en un par de ocasiones, a quién nombraría en ese puesto.
“Cuando estuvo presente en mi oficina, le comenté que ella como abuela paterna del funcionario jornal y como miembro de la junta directiva, no era recomendable que interfiriera por tener un grado de consaguinidad. La señora García me contestó con una analogía diciendo: “Eso no importa que sea familia, vea el caso de la diputada Prendas (Karla Prendas, exdiputada de Liberación por Puntarenas), que trabaja su esposo en el despacho de ella”.
“Mi persona contestó que el fuero de diputado era diferente a ser director de una junta directiva”, indicó Ramírez en el oficio.
Además, según relató en la misma respuesta al sindicato, también le aclaró a García que la decisión final de ese nombramiento le correspondía a la gerencia general.
