Políticos de Estados Unidos pusieron bajo la lupa al empresario mexicano Ángel González, quien es dueño de la red Albavisión, de la cual forma parte Repretel Costa Rica, por su presunta participación en corrupción y crimen en Guatemala.

Un grupo de congresistas republicanos y demócratas, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., pidió al gobierno del presidente Donald Trump que los departamentos de Estado y de Hacienda evalúen si González y otras cinco personas con negocios extendidos por América Central cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky.

Dicha ley le permite al Gobierno estadounidense imponer sanciones contra ciudadanos de todo el mundo que hayan sido señalados por supuestos abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción en sus propios países de origen.

Al mexicano, quien radica en Miami desde hace 30 años, el Comité de Asuntos Exteriores le achaca formar parte de un complejo entramado de empresarios y políticos que han sido acusados por corrupción y que, presuntamente, le ha permitido soslayar las leyes que prohíben los monopolios o que restringen la cantidad de medios de comunicación en manos de un extranjero a través de la creación de empresas fantasmas administradas por parientes, amigos y suplentes.

Según el comunicado del Comité de congresistas, la esposa de González, la guatemalteca Alba Elvira Lorenzana, fue implicada por el Ministerio Público de Guatemala en el esquema ilegal que se estableció para financiar la campaña política de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva desde el 2015 por ese caso.

En setiembre del 2016, la Interpol emitió una orden de captura contra Lorenzana por sus nexos con este caso.

Sobre lo ocurrido en Guatemala, el Congreso de EE. UU. explica: “Los fondos ilícitos se obtuvieron a través de una red de corporaciones controladas por Baldetti que no tenían actividad comercial real, pero fueron utilizadas como una forma de canalizar el dinero en secreto entregado por los representantes de Radiotelevisión Guatemala SA (Canal 3) y Televisiete SA (Canal 7), propiedad de González. Los documentos incautados durante la investigación revelaron que las dos compañías de González canalizaron un total de alrededor de $2,3 millones en la campaña del Partido Patriota entre 2008 y 2011. Según la investigación, el dinero no había sido reportado al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para comprar automóviles nuevos del año”.

A cambio, se indica en el comunicado, las compañías de televisión de González supuestamente se beneficiaron de contratos millonarios para publicidad gubernamental, comenzando cuando Pérez Molina y Baldetti llegaron al poder.

“La investigación reveló que el valor de los contratos celebrados entre 2012 y 2015 fue de más de $26 millones, lo que significa que las dos compañías recibieron el 69% de toda la publicidad televisiva del gobierno durante ese período”, amplía la denuncia de los diputados a Trump.

Presidente de Repretel defiende a Ángel González

Respecto de la acusación y la petición para explorar sanciones contra el empresario mexicano, el presidente de Repretel, Fernando Contreras, achacó el asunto a una “situación originada por fuentes de información guatemaltecas tendenciosas y con intereses económicos”.

“Lo primero que debo aclarar es que el tema objeto de su consulta se circunscribe exclusivamente a la operación de Albavisión en Guatemala y no se relaciona con ninguno de los restantes doce territorios en los que opera dicha red de medios”, recalcó por escrito ante una consulta de este diario sobre el caso.

Y continuó: “Tras un simple análisis legal de los temas incluidos en la solicitud de los congresistas, el único presunto ilícito que se le estaría atribuyendo y solicitando se investigue, sería el haber sido las empresas de medios guatemaltecas de la Red Albavisión, posibles beneficiarias de pauta gubernamental a cambio del financiamiento de campañas políticas, lo cual, además de no corresponder a la realidad de los hechos, deberá de ser demostrado tras las investigaciones oficiales correspondientes”.

Contreras añadió que los contratos de publicidad entre las empresas de González y el gobierno de Guatemala “no son consecuencia de un ilícito", sino que estuvieron ligados a procesos licitatorios públicos técnicamente sustentados, pues los medios del empresario en Guatemala concentran entre un 85% y un 90% de la audiencia en ese país durante los últimos diez años.

En Costa Rica, Albavisión opera los canales 2, 4, 6 y 11, así como once frecuencias de radio, entre ellas Monumental y Momentos Reloj.

Otros señalamientos en EE. UU.

Además, el Congreso de EE. UU. menciona que Ángel González está ligado con el caso conocido como Panama Papers, sobre supuesta evasión fiscal, por ser accionista de la empresa offshore Global Holding Propierties Corporation.

Los congresistas estadounidenses también pretenden que se sancione al mexicano por haberse asociado en 1981 con dos cubanos dueños de varias frecuencias televisivas en Guatemala. Uno de esos cubanos, Gerardo Sampedro, fue arrestado en Miami en 1995 por su presunta colaboración con el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali.

“Después de Guatemala (Ángel González), comenzó a invertir en operaciones de radiodifusión en Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, México, Chile y Argentina, entre otros países. En el 2008, estableció Albavisión, en nombre de su segunda y actual esposa”, se lee en el comunicado.

La nota a Trump concluye que organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por el “monopolio” mediático que ostenta González por su impacto en la libertad de expresión.

Según los congresistas, la SIP teme que González utilice la concentración de medios en su poder para "desacreditar y difamar a los adversarios de sus aliados políticos.