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La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda han consumido seis años en un proceso de conciliación sobre la deuda acumulada del Estado con el Seguro de Salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo.
Durante el periodo de negociaciones entre ambas instancias, solo se concretó la suscripción de un convenio de pago parcial, en diciembre de 2023, por ¢51.738 millones. Dicha cifra representa un 2,78% de los ¢845.000 millones del monto inicial a conciliar, correspondiente al periodo 2015-2018.
Por otra parte, los recursos acordados solo permitirían cubrir el 0,65% saldo actual de las obligaciones estatales. De acuerdo con un corte de la CCSS a diciembre del 2023, la morosidad con el Seguro de Salud y el IVM asciende a ¢3,6 billones (millones de millones).
Ambas instituciones iniciaron el proceso en 2018 por disposición de la Contraloría General de la República. En un reciente informe, el ente fiscalizador concluyó que la conciliación no ha sido efectiva, pues no se logró formalizar el reconocimiento de ningún monto de la deuda, la cual sigue en aumento.
Indicó, además, que tampoco se obtuvo evidencia sobre la elaboración, formalización o implementación, de un plan para la institucionalización de la verificación de los pagos.
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A raíz de esta situación, la Contraloría ordenó la apertura de una auditoría sobre el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con los Seguros de Salud y Pensiones. La decisión fue comunicada el pasado 4 de junio al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, mediante un oficio.
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Consultado al respecto, el jerarca de Hacienda expresó a La Nación su rechazo a las apreciaciones emitidas por la entidad contralora. Aseguró que las negociaciones con la CCSS sí han sido efectivas y que, prueba de ello, es la firma del acuerdo del 2023.
Por su parte, el despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja indicó a este medio que respetaban la opinión del ente contralor, pero manifestó que no es un proceso simple “por la cantidad de aspectos que conforman la cuenta”.
La CCSS señaló que “recientemente” se la hizo una propuesta al Ministerio de Hacienda, con la que considera se culminaría el proceso de conciliación y se aseguraría a futuro que esta situación no se vuelva a presentar.
“Tanto el Ministerio de Hacienda como la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, a través de la Gerencia Financiera, están conformando un grupo de trabajo, de tal manera que entre ambas instituciones se llegue a una solución integral y de largo plazo”, añadió.
En la nota enviada a Acosta y Esquivel, la Contraloría advirtió de que la firma de acuerdos de pago, denominados convenios, como único procedimiento para el registro de la deuda del Estado con las instituciones públicas, “no ha sido efectivo para el establecimiento de los saldos a registrar como deuda, tanto por la entidad aseguradora como las demás entidades que deben realizar un registro depurado, actualizado y oportuno en sus estados financieros, ni para su correspondiente pago”.
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Equipos técnicos fueron eliminados
La Contraloría también cuestionó que el Ministerio de Hacienda diera por concluido, el 7 de diciembre del 2022, el nombramiento de los dos equipos que estaban a cargo de la revisión de los cobros al Estado durante el periodo 2015-2018, por considerar que habían finalizado la tarea asignada y haberse rendido el informe final solicitado.
Dicha labor la venían realizando el Comité Técnico de esa cartera ministerial y el Comité Ejecutivo, conformado por profesionales del Ministerio de Hacienda y de la CCSS.
El ente fiscalizador aseguró que la medida se tomó a pesar de que los equipos no lograron el objetivo para el que fueron convocados, ya que las entidades no alcanzaron a formalizar el reconocimiento de ningún monto de la deuda. Los comités funcionaron desde setiembre de 2018 hasta diciembre de 2022.
Acosta indicó a La Nación que la decisión de eliminar los comités se tomó porque, según aseveró, estos cumplieron con su cronograma de actividades.
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Argumentos dados a la Contraloría
Al consultarle la Contraloría a la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, sobre el proceso de conciliación, esta indicó (en febrero de 2023), que no se logró disponer de montos conciliados en su totalidad relativos a los conceptos y periodos considerados en el plan de acción emitido por ambas entidades, “sino que se continuaba con la revisión de datos poblacionales de manera individualizada”.
La jerarca añadió que estaban analizando las últimas observaciones de Hacienda, porque algunas de las dudas “no responden a la lógica del aseguramiento, es decir, no representan inconsistencias, ni son impedimento para ser consideradas como deuda y llegar a un arreglo de pago”.
Respecto a si se logró formalizar algún cobro como resultado de la implementación del plan de acción, a esa fecha, la CCSS comunicó que se propuso al Ministerio suscribir algunos convenios parciales y flexibles, de manera que se asumiera la parte conciliada. Sin embargo, Hacienda no aceptó y continuó con el análisis de la información.
Por su parte, Acosta le comunicó al ente fiscalizador, mediante oficio del 22 de diciembre del 2022, que en reunión con Esquivel, acordaron trabajar “en una propuesta integral que permita solventar los presuntos adeudos que reclama la entidad de Salud”.
Desde el 2018, la Contraloría emitió una serie de disposiciones para los jerarcas de turno de Hacienda y la CCSS, entre las que figuran coordinar y elaborar, en conjunto, un cronograma con actividades y responsables “de modo que se posibilite la suscripción de los convenios que respalden las deudas que el Estado tiene con la CCSS”.
Estas órdenes fueron incluidas en el informe DFOE-SOC-IF-00010-2018, del 10 de setiembre del 2018, y reiteradas siete días después, en el DFOE-SOC-IF-00014-2018, del 17 de setiembre. Empero, tras dar seguimiento a las instrucciones y corroborar el poco avance obtenido, decidió dar por finalizado el proceso e iniciar con la auditoría.
¿En qué consistía el plan de trabajo?
El plan de trabajo contemplaba tres etapas. La primera incluía la generación y revisión de archivos individualizados con información de bases de datos sobre asegurados de la CCSS. La segunda parta era la verificación de los montos adeudados una vez depuradas las bases de datos y la tercera, la elaboración de los convenios de pago y su respectiva firma.
Igualmente, se definieron los componentes de los distintos seguros, que fueron ordenados en tres bloques.
El primero, cuyo monto se estimó en ¢430.000 millones, incluía las coberturas con cargo al Estado (asegurados por el Estado, Código Niñez y Adolescencia, y leyes especiales).
Al segundo bloque, por ¢343.000 millones, se le incorporaron las cuotas subsidiarias y complementarias (cuotas del Estado como tal, cuota complementaria de trabajador independiente y asegurados voluntarios, planillas de servicio doméstico).
Finalmente, para el tercer bloque, cuyo rubro se fijó en ¢72.000 millones, se sumaron el saldo convenido en 2007 y el del 2011.
Nogui Acosta: ‘Gobierno debe tener certeza de montos a pagar’
El ministro de Hacienda reiteró su posición a La Nación de que un uso eficiente de los recursos públicos y de los aportes de todos los costarricenses, requiere tener certeza de que los montos a pagarle a la CCSS sean los correctos.
“Cada año, en promedio, se le transfieren ¢ 700.000 millones (a la CCS) en atención a otras obligaciones, y esos son recursos públicos de los costarricenses. Por eso, más allá de lo que se le adeuda, el país debe atender un problema más profundo: ¿Cómo administrar con eficiencia esta institución, para que cumpla responsablemente con la seguridad social de toda la población?”, aseguró Acosta.
El jerarca indicó que el Poder Ejecutivo también le ha manifestado a la CCSS su disposición de pagar una asistencia técnica reembolsable con el Banco Mundial para el ordenamiento de sus bases de datos. “Queremos allanar el camino y a partir de ahí, consolidar deudas y firmar acuerdos de pago”, aseveró.
