Los diputados aprobaron en segundo debate, este lunes, el crédito de $.1778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual será desembolsado en seis tractos semestrales sujetos al cumplimiento de una agenda de saneamiento de las finanzas públicas.
La votación se produjo luego de superada la confrontación entre el Gobierno y la oposición por el nombramiento del fundador del PAC, Ottón Solís, como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Solís renunció a la designación el pasado miércoles 14 de julio.
A favor de la iniciativa de financiamiento votaron 44 congresistas, seis más de los 38 necesarios para aprobar un crédito internacional. En tanto, siete legisladores se pronunciaron en contra.
Votaron a favor 15 diputados del PLN, diez de Acción Ciudadana (PAC), cinco del PUSC, cinco de Restauración, cinco del bloque Nueva República (PNR), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y los independientes Zoila Rosa Volio, Ivonne Acuña y Erick Rodríguez Steller.
En contra votaron Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN); Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN); Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Wálter Muñoz y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN); José María Villalta, del Frente Amplio; y el independiente Dragos Dolanescu.
El dinero del financiamiento, que superará los ¢1,1 billones, será utilizado en la sustitución de endeudamiento caro por deuda con una tasa de interés mucho más barata.
En tanto, el crédito va de la mano con la agenda de proyectos fiscales pactada por el país con el FMI, en enero de este año, por un periodo de tres años.
Luego de la votación, el presidente de la República, Carlos Alvarado, agradeció a los congresistas su apoyo. “Este apoyo permitirá cambiar deuda cara por deuda barata, reducir deuda con la CCSS, brindar estabilidad e impulsar la recuperación económica. Vamos hacia adelante, Asamblea”, escribió el mandatario.
El objetivo es que Costa Rica aplique un conjunto de medidas para alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el año 2023. Es decir, que los ingresos superen a los gastos, sin contar en cuenta el dinero que se va en el pago de intereses de la deuda.
Además, la meta es que la deuda pública baje a un 50% del PIB para el 2035. El año pasado, el endeudamiento cerró en casi un 70% del PIB y, en mayo de este año, estaba en 68,2% de la producción.
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El acuerdo con el FMI incluye una reforma al empleo público, ya aprobada y en este momento bajo consulta de la Sala IV, así como los proyectos de renta global, eliminación o reducción de exoneraciones fiscales (incluido salario escolar), impuesto a los premios de lotería por encima de 225.000, modificación del tributo a las casas de lujo y un aporte de utilidades de las empresas públicas a la deuda pública.
El financiamiento aprobado se denomina Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y tiene un plazo de diez años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%, mucho más baja que el financiamiento en dólares nacional.
Tras esta aprobación del proyecto, Costa Rica recibirá un primer desembolso por $292 millones, mientras que los demás giros se entregarían semestralmente dependiendo de las evaluaciones que el FMI haga cada semestre del cumplimiento del acuerdo hecho con el Estado.
En esas revisiones se verificará el cumplimiento de las metas convenidas entre el Gobierno y el directorio del Fondo, específicamente sobre la reducción de la deuda pública y el aumento de los ingresos.
En la comisión dictaminadora del proyecto, tramitado bajo el expediente 22.433, los diputados establecieron que un 10% de ese financiamiento, o sea $178 millones, se destinará a pagar la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), sustituir la deuda del mercado interno mucho más cara con este financiamiento, podría generar un ahorro de $39 millones por año, durante los primeros cuatro años.
Aunque desde el jueves pasado se había superado el choque entre oficialismo y oposición por el nombramiento de Ottón Solís, ese día la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) alertó del agravamiento de salud del legislador Rodolfo Peña, quien lleva más de dos meses hospitalizado por causa del covid-19.
Ese día, entonces, las fracciones optaron por suspender la sesión del plenario legislativo para mantenerse pendientes del estado de salud del liberiano.
Ya este lunes, sin otra situación en el panorama, finalmente la votación se realizó en el plenario del Congreso.
El presidente Carlos Alvarado agradeció el voto a los diputados y destacó que el crédito del FMI “permitirá cambiar deuda cara por deuda barata, reducir deuda con la CCSS, brindar estabilidad e impulsar la recuperación económica”.
Yorleny León, del PLN, dijo que el préstamo con el FMI es relevante porque conlleva una serie de retos para el futuro, “una serie de pasos que este país se compromete a dar”.
“Se suman a leyes ya aprobadas, a las buenas prácticas que podamos implementar en el corto plazo para asegurar un mejor escenario fiscal para este país, en el corto y mediano plazo”, agregó.
Tras la votación, la jefa del PAC, Laura Guido, fustigó el bloqueo que por varios días se produjo en el plenario contra el préstamo, por el nombramiento de Ottón Solís.
“Lo más consecuente que podíamos hacer hoy como fracción era contribuir a la votación hoy, que no se postergara más por nuestras disertaciones. Era la decisión responsable a tomar por el país”, acotó.
Guido añadió que ese ánimo debió haber prevalecido desde el día en que el proyecto estaba listo para votación en segundo debate, una semana atrás.
El jefe del PUSC, Pablo Abarca, refirió que la votación mayoritaria de su partido en favor del crédito se debe a que es un financiamiento en buenas condiciones.
No obstante, insistió en que el Gobierno solo da prioridad al endeudamiento y no a una reforma estructural del Estado, para lograr mayor eficiencia y un menor costo.
Su compañera Shirley Díaz, quien votó en contra, adujo que no se pueden seguir “aprobando préstamos, ni presupuestos dudosos ni impuestos en la Asamblea”.
Ella alegó que se trata de “ataques al pueblo” y dijo que eso “sigue afectado la vida y estabilidad económica de los costarricenses”.
En tanto, Walter Muñoz, del PIN, alegó: “Los préstamos generan desconfianza. ¿Cuánto de eso se pide y cuánto se usa para otras cosas? Además, este préstamo viene con una agenda peligrosa que va a afectar con impuestos el desarrollo económico nacional”.
Este es el detalle de los votos a favor y en contra:
A favor:
PLN: Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, David Gourzong, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Yorleny León, Aida Montiel, Karine Niño, Roberto Thompson, Paola Valladares y Gustavo Viales.
PAC: Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Víctor Morales Mora, Nielsen Pérez, Welmer Ramos, Enrique Sánchez y Paola Vega.
PUSC: Pablo Abarca, Erwen Masís, María Vita Monge, Pedro Muñoz y María Inés Solís.
PRN: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Xiomara Rodríguez y Floria Segreda.
PRSC: Otto Roberto Vargas.
Bloque independiente Nueva República: Ignacio Alpízar, Marulin Azofeifa, Carmen Chan, Harllan Hoepelman y Jonathan Prendas.
Independientes: Ivonne Acuña, Erick Rodríguez Steller y Zoila Volio.
En contra:
PLN: Daniel Ulate.
PRN: Melvin Núñez Piña.
PUSC: Shirley Díaz.
PIN: Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
FA: José María Villalta.
Independiente: Dragos Dolanescu.