Una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa recomendó a la Procuraduría de la Ética (PEP) reabrir el expediente sobre la supuesta participación del expresidente Luis Guillermo Solís en el caso del cemento chino, al considerar que su investigación sobre el asunto fue “omisa”.
Así consta en el informe de mayoría aprobado este lunes por la comisión especial que investigó por qué los actuales diputados no pudieron apelar el informe de la PEP, elaborado en menos de tres meses, que exoneró a Solís de responsabilidad.
El informe, que fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra, también le recomienda al procurador general, Julio Jurado, investigar internamente a los funcionarios de la Procuraduría de la Ética que elaboraron y enviaron al Congreso el informe AEP-RES-049-2018, el cual liberó de culpa a Luis Guillermo Solís.
Esta segunda investigación deberá ser presentada a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de tres meses.
“Se insta al procurador general de la república y al nuevo procurador director de la Ética Pública reabrir la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís”, dice el documento aprobado esta mañana.
“Esta comisión considera que la Procuraduría de la Ética Pública fue omisa a la hora de investigar las actuaciones del expresidente Luis Guillermo Solís en el caso de corrupción conocido como ‘cementazo'.
“No se pidieron documentos a los ministros, direcciones o cualquier otra institución gubernamental involucrada en el escándalo, o llamar a declarar a sus responsables directos, para recabar nueva evidencia; no se profundizó acerca de lo dicho por los comparecientes en esa comisión investigadora”, señala una de las recomendaciones del informe aprobado esta mañana.
La indagatoria debe abarcar las declaraciones de los exdirectivos del Banco de Costa Rica (BCR), Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina y Alberto Raven, las cuales, según los diputados, “evidencian una injerencia directa de Casa Presidencial con conocimiento del expresidente Luis Guillermo Solís” en la tramitación del crédito del BCR a favor del empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento chino.
El otorgamiento de este préstamo, que quedó en mora, es investigado por la Fiscalía General, así como supuestos favorecimientos en Aduanas para la importación del cemento.
La recomendación la hacen los diputados Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, del Partido LiberaciónNacional (PLN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano( PRSC); Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN); y el independiente Harllan Hoepelman, de Nueva República.
En cambio, la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadano (PAC), Laura Guido, votó en contra alegando que le falta rigor.
Por su parte, ante consulta de La Nación, la Procuraduría General de la República informó que se estará refiriendo al informe una evz que reciba la notificación oficial, “para proceder a valorar y tomar las decisiones necesarias”.
La PEP exoneró al expresidente Solís, en abril anterior, por aparentes faltas al deber de probidad señaladas por otra comisión legislativa instalada en el anterior periodo constitucional para indagar el caso del cemento chino.
La actual comisión especial investigadora se instaló en julio del año anterior para indagar qué ocurrió con el documento enviado por la Produraduría de la Ética el viernes 27 de abril del 2018, un día hábil antes de que se venciera el periodo constitucional de los diputados del Congreso anterior.
Dicho documento se atascó en la Dirección Ejecutiva del Congreso, lo cual provocó que caducaran los tres días para que los nuevos diputados pudieran apelar.
Ahora, los seis diputados concluyeron su propia indagatoria, tras la cual también recomiendan abrir una investigación interna sobre el manejo en la elaboración de la resolución AEP-RES-049-2018, así como de los tiempos de la notificación final de la misma.
“Sobre esto último, hubo una clara intención de presentarla de manera apurada, tomando en consideración que, desde el momento que se presentó la resolución a la actualidad, han trascurrido más de un año y tres meses y no se han concluido algunas de las investigaciones derivadas del expediente 20.461 (elaborado por la anterior Comisión), lo que denota que, con el expediente de Solís, hubo un trato expedito sin razones de peso que lo justifiquen”, piden los legisladores.
“Fue presentado en un momento donde los diputados que realizaron el informe del cementazo no pudieran apelar dicha resolución, ya que su periodo estaba por terminar, así como el del ex mandatario. Se sugiere que el informe de dichas investigaciones deberá ser presentado al plenario de la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a tres meses”, añade.
La resolución la resolución AEP-RES-049-2018 la recibió el entonces presidente legislativo Gonzalo Ramírez, el 27 de abril del 2018.
Por ser viernes, día en que los diputados no permanecen en la Asamblea Legislativa, el documento lo conoció el directorio legislativo saliente el lunes 30 de abril, su último día de labores.
Sin embargo, fue hasta mediados de mayo del 2018 cuando el resto de congresistas del actual periodo constitucional lo conocieron.
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea durante el año anterior, había dicho que fue hasta ese momento cuando Antonio Ayales, actual director ejecutivo del Congreso, le habló del informe y también le dijo que le faltaban dos folios.
Por ese motivo, ella solicitó a la PEP una copia completa, la cual llegó el 17 de mayo.
Los diputados también recomendaron a la Procuraduría General investigar las razones en las cuales la procuraduría de la Ética Pública “no quedó constando ningún tipo de registro electrónico sobre correos internos que demuestren intercambios de información y particularmente de borradores entre los procuradores (Rónal Víquez) y (Tatiana) Gutiérrez durante el proceso de construcción de la resolución AEP-RES-049-2018”.
¿Cuál fue la prisa? Cuestiona Benavides
Esta mañana, antes de votar a favor del informe, Benavides se preguntó “cuál fue la prisa” de la PEP para entregarle a la Asamblea Legislativa el informe sobre Solís, justo antes de que abandonara la Presidencia de la República.
En criterio del verdiblanco, el documento está mal analizado, sin diligencia extra alguna, sin entrevista y sin profundización.
“Aquello fue casi como que ‘apúrense a sacar esto porque Luis Guillermo se va’. Muy rápido, poco estudiado, mal planteado, de modo que no pudieran los diputados salientes, que eran los que habían hecho la investigación, poder plantear esa apelación. Se la dejaban a los nuevos diputados que conocíamos bastante menos del tema, pero además sin plazo para hacerlo”, cuestionó Benavides.
Sobre esa premura, Thompson recordó esta tarde, en conferencia de prensa, que la comisión del Congreso anterior que investigó el caso del cemento chino remitió su informe de 32.000 folios a la Procuraduría en enero del 2018.
En febrero de ese mismo año fue acogido para estudio y, dos meses y medio después, la Procuraduría de la Ética emitió su resolución.
Por su parte, la diputada Guido se excusó por no suscribir el informe, alegando que le falta rigurosidad y la severidad de las conclusiones que carecen elementos de peso para sustentarlas.
“Me preocupa, por ejemplo, que haya mañas o un proceso de notificación premuro o una conclusión apresurada sin que eso esté acompañada de una reflexión de los elementos de fondo que vierte la Procuraduría de la Ética Pública en la resolución que aquí ha sido estudiada”, mencionó Guido.
Piden indagar destitución de directivos del BCR
El informe también recomienda a la Procuraduría de la Ética Pública y al Ministerio Público investigar la suspensión y posterior destitución de directivos del Banco de Costa Rica (BCR) iniciada por el Consejo de Gobierno de la administración de Solís y concluida por la actual de Carlos Alvarado.
“Pudo existir una violación del principio de legalidad que debe amparar las actuaciones de todos los funcionarios públicos”, reza el informe.
Los diputados sugieren a ambas instituciones indagar si lo actuado por el anterior Consejo de Gobierno y por el actual, tienen consideraciones legales.
Así lo hicieron porque Javier Cascante Elizondo, exsuperintendente de la General de Entidades Financieras, aseguró el pasado 16 de julio, en la comisión del Congreso, que en un informe de setiembre del 2017 no recomendó suspender o destituir a los directivos.
Con base en ese informe, el Consejo de Gobierno anterior suspendió a los directivos Francisco Molina, Paola Mora, Mónica Segnini, Evita Arguedas y Alberto Raven.
Mora, Molina y Segnini fueron destituidos en diciembre anterior por el actual Consejo de Gobierno.