El informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que libera de responsabilidad al expresidente Luis Guillermo Solís, por el caso del cemento chino, se atascó en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, en medio del cambio de las autoridades del Congreso.
Mientras eso pasó, se venció el plazo de tres días hábiles en que los diputados podían apelar las conclusiones de la Procuraduría.
El informe llegó a manos del expresidente legislativo Gonzalo Ramírez el viernes 27 de abril y él lo puso en conocimiento de los otros miembros del Directorio de ese momento, el lunes 30 de abril.
En el acta de la sesión extraordinaria que realizó el Directorio ese día, consta el acuerdo para que se les informe a los diputados que estaban por entrar sobre ese informe.
Cuando La Nación le consultó a Ramírez a quién le tocaba acatar esa instrucción, respondió con un pantallazo del acta en el que resaltó que, durante esa última sesión, estaba presente Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso.
“En todas las reuniones de Directorio se encuentra una persona de la Dirección Ejecutiva”, añadió.
Ramírez alegó que él dejó de ser presidente del parlamento ese día y que los nuevos miembros del Directorio debieron ser informados sobre el documento y ellos, a su vez, revisar las últimas actas del anterior colegiado.
“Yo cumplí con mi responsabilidad, tomando el acuerdo del Directorio en sesión extraordinaria y pasando íntegro lo que recibí del informe por parte de la Procuraduría, y solicitando en el mismo acuerdo que se cumpliera con la notificación respectiva a los diputados electos. Fui diputado hasta las 12 medianoche del 30 de abril. Al día siguiente 1 de mayo del 2018, la responsabilidad le correspondió al nuevo directorio legislativo”, añadió.
El asunto es que la nueva cúpula no habría sabido del documento ni del plazo para apelar esa decisión de la Procuraduría, sino hasta mediados de mayo.
Así lo reiteró la actual presidenta, Carolina Hidalgo, quien durante una conferencia de prensa, este lunes, dio a conocer un criterio que, sobre el asunto, solicitó a la PEP.
En la nota, se explica que el documento se envió completo a manos de Ramírez el 27 de abril y que el plazo de tres días para apelar, estipulado por la ley, es inderogable, lo que significa que solo se pudo cumplir en aquel momento, o sea, el 3 de mayo.
La polémica se ha generado en el Congreso por haber pasado tanto tiempo entre la notificación y la entrega del informe a los diputados, a finales de mayo, bajo el alegato de que no se les permitió apelarlo.
Carolina Hidalgo sostiene que Ayales le informó del documento a mediados de mayo y le dijo que le faltaban dos folios, por lo que ella solicitó una copia completa a la Procuraduría, el 17 de mayo.
Esa copia del informe Solís Rivera llegó al Congreso el 28 de mayo, ya completa.
En su comparecencia ante la prensa, Hidalgo enfatizó en que el anterior Directorio había dado la instrucción a Ayales para entregar el documento y que, “tal como consta en las actas de los primeros días de mayo”, ellos no supieron nada del documento sino hasta más tarde, cuando Ayales le advirtió de que existía y le faltaba una hoja.
Consultado sobre estas afirmaciones, específicamente del hecho de que él informó sobre el documento alrededor del 14 de mayo, Antonio Ayales no desmintió esa versión y alegó que no puede referirse al tema, “porque está en investigación”.
“Hay toda una investigación, quieren hacer una comisión investigadora. Qué delicado referirme yo a estas cosas”, arguyó.
Ayales agregó que no le sirve a él ponerse a discutir ni a pelear con la presidenta legislativa.
El director ejecutivo insistió en que el informe es confidencial y que a él, en ningún momento, le advirtieron sobre el plazo de los tres días hábiles para apelación del documento.
No obstante, esa advertencia no está contenida dentro del informe, sino en la carta con que la Procuraduría de la Ética acompaña el documento, o sea, la carta en la que remite el oficio sobre el caso de Luis Guillermo Solís.
“Él me da a mí el informe para que lo reparta, no me da ninguna instrucción y la ley me prohíbe a mí leer esos documentos. Es clarísimo el artículo 8 de la Ley Anticorrupción y el 196 del Código Penal. Yo soy un tramitador del Directorio”, dijo Ayales.
Añadió que a él le dejaron una copia del informe e insistió en que no tenía mayores instrucciones.
Al preguntársele cuándo lo repartió, reiteró que no quería entrar en eso, pues alegó: “Eso es mi defensa”.
Tanto el PLN como el PRN han planteado que se debe crear una comisión para investigar el asunto.
Sin embargo, aún no se ha presentado una moción formalmente para instalar un órgano que determine la situación y de quién es la responsabilidad.
En tanto, la presidencia legislativa solicitó a la Dirección Ejecutiva del Congreso que realice una investigación para determinar por qué se perdió una hoja del documento, en el lapso que pasó desde que Gonzalo Ramírez le diera el documento a Ayales y que este le mencionara el faltante a Carolina Hidalgo.