Por la cantidad de votos obtenidos, cinco partidos acapararon el 75% de la deuda política correspondiente a las elecciones municipales de febrero pasado.
Los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Republicano Social Cristiano y Frente Amplio (FA) alcanzaron el derecho a liquidar más de ¢5.100 millones de los ¢6.805 millones que aportó el Estado para los comicios.
Sin embargo, solo el PLN y el FA echarían mano a casi la totalidad del dinero, pues las otras tres agrupaciones gastaron mucho menos de lo que pueden cobrar. Eso le ahorraría al Estado unos ¢1.200 millones.
Aparte de estos cinco, otros 45 grupos políticos disponen del 25% restante, en tanto nueve agrupaciones más no alcanzaron derecho a la deuda política.
Según el artículo 99 del Código Electoral, en unas votaciones municipales solo hay dos vías para obtener la contribución estatal: alcanzar más de un 4% de los votos válidos emitidos en el cantón respectivo, o, elegir al menos un regidor.
El total de votos de las agrupaciones que cumplieron alguna de estas dos condiciones se divide entre el monto de la deuda política para darle un valor a cada sufragio. En esta ocasión el costo es de poco más de ¢2.000.
Cada partido obtiene el equivale de ese valor por el número de votos validos obtenidos.
Uno a uno. Liberación Nacional es la fuerza política que dispone de más recursos. Si logra demostrar todos sus gastos, en total podría acceder a casi ¢2.270 millones, es decir, a uno de cada tres colones de la deuda.
De esa suma, los verdiblancos pretenden que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les reembolse ¢2.253 millones (el 99%), al menos así consta en la liquidación de gastos que presentó el viernes de la semana pasada.
En el caso de la Unidad, liquidará ¢900 millones de los ¢1.317 millones a los que puede optar. Allí se incluye un préstamos de ¢580 millones que tiene con el banco Promerica.
El PAC, si bien perdió representación en los ayuntamientos con respecto al 2010, fue la tercera fuerza política. Los rojiamarillos pueden presentar facturas hasta por ¢835 millones; no obstante, solo harían uso de ¢400 millones.
El tesorero del partido oficialista, Anthony Cascante, dijo que de ese monto solo ¢160 millones se invirtieron en la campaña y los otros ¢240 millones en gastos de organización y capacitación.
El recién creado partido Republicano Social Cristiano cobrará unos ¢100 millones de los ¢400 millones que le tocarían, en tanto el Frente Amplio aportará comprobantes de pago por unos ¢300 millones, un 8% menos de los ¢326 millones a los cuales tendría derecho a acceder.
De otros partidos, Nueva Generación puede optar por ¢224 millones, mientras que el Movimiento Libertario a ¢150 millones y Alianza por San José, del excandidato del PLN, Johnny Araya, a cerca de ¢140 millones.
El dinero que los grupos no logren demostrar que gastaron durante el periodo de campaña irá directamente a las arcas del Estado, pues a diferencia de las elecciones nacionales, en las municipales las agrupaciones no pueden guardar los fondos no invertidos en una reserva para organización y capacitación.
