Dos meses después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, en Salitre de Buenos Aires, un enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a esa localidad para indagar sobre el cumplimiento de las medidas de protección exigidas hace cuatro años al Gobierno de Costa Rica.

Luego de su visita y de conversar con los líderes indígenas locales, Joel Hernández, relator de la CIDH para nuestro país, resaltó que el Estado costarricense debe avanzar más rápido en el saneamiento de las tierras en favor de las comunidades indígenas de teribe, de Térraba, y bribri, de Salitre.

Así lo explicó Hernández durante una conversación por vía telefónica con La Nación, en la que explicó que ese saneamiento implica el desalojo de ocupantes no indígenas de las tierras y su devolución a manos de los pueblos originarios teribe y bribri.

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“Lo más importante es avanzar en el saneamiento de tierras, hay expedientes para llevar a cabo desalojos administrativos y permitir que los pueblos tomen posesión de las terrenos que por ley les corresponde. Tiene que haber pasos más rápidos, más decisivos y con resultados más inmediatos”, dijo Hernández.

De acuerdo con el relator de la CIDH, apenas el caso está en la fase de medida cautelar, vigente desde el 2015, y que implica cumplimientos de los gobiernos en devolver a manos de los indígenas lo que por ley les pertenece.

No obstante, apuntó que hoy existen algunas tierras ocupadas por no indígenas y que éstas deben devolverse a sus dueños originales.

La presencia de Hernández se dio luego de que la embajadora de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Monserrat Solano, extendiera una invitación a la CIDH a verificar el cumplimiento de las medidas cautelares.

CIDH pide a Fiscalía rápida investigación

Joel Hernández explicó que el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, en Salitre de Buenos Aires, el pasado 18 de marzo, ha generado un aumento del temor entre los indígenas, no solo por la pérdida de las propiedades que les corresponden, sino también por su integridad física.

“Es que no solo pierden a un hermano, sino también a un líder que ha estado en la lucha por la posesión de la tierra por muchos años. Además, en razón de la lucha que emprendan, se encuentran en una situación de riesgo”, dijo Hernández.

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La medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace cuatro años, ordenaba la protección especial de los pueblos teribe y bribi, en medio de un conflicto por las tierras que estaban en manos de no indígenas.

A pesar de esa medida cautelar, que ordenaba acciones del Poder Ejecutivo, el conflicto desencadenó el asesinato de Sergio Rojas, por lo que a raíz de ese crimen varios grupos afines a las comunidades indígenas, tanto sociales como políticos, han señalado la responsabilidad del Estado por la muerte de Rojas.

Durante su visita al país, Joel Hernández tambien tuvo una cita en la Fiscalía General, donde hizo un llamado a efectuar una investigación expedita sobre el crimen de Rojas.

“El hecho no puede quedar impune, los deudos tienen derecho a la verdad y la justicia por ese terrible asesinato”, dijo el enviado de la Comisión.

¿Qué dice el Gobierno?

Aunque Joel Hernández mencionó, entre sus recomendaciones, la necesidad de una mayor rapidez del Estado para desalojar a los ocupantes ilegítimos de las tierras indígenas, el Gobierno destacó en un comunicado, el pasado miércoles, el contacto que el enviado de la CIDH tuvo con los indígenas de Salitre.

Mediante ese pronunciamiento del Ejecutivo, se resaltó que Hernández había tenido la oportunidad de reunirse con ciudadanos de Térraba y Salitre, a quienes se calificó como “beneficiarios de las medidas cautelares” ordenadas por la CIDH.

En la visita que hizo Hernández a Buenos Aires, lo acompañaron el viceministro de Presidencia Juan Alfaro, el director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, Franklin Paniagua, y funcionarios de la Cancillería.

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“Las sesiones nos permitieron informar al comisionado de la voluntad del Estado para dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Estamos en toda la disposición de implementar las recomendaciones que la Comisión hará para dar cumplimiento a la medida cautelar”, dijo Alfaro en esa nota de prensa.

Aunque por ahora el caso de los indígenas teribes y bribris está en etapa de medidas cautelares, Hernández relató que existe un proceso paralelo ante la CIDH.

“Después de cubrir varias etapas, puede llegar un informe de fondo, con solicitudes mucho más específicas a las autoridades del gobierno, pero aún estamos al nivel de la Comisión y de las recomendaciones. Es muy importante que en esta etapa haya voluntad de cooperación del Estado”, dijo el enviado mexicano.

Hernández agregó que la Comisión Interamericana confía y es optimista de que el Estado costarricense, por su gran compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, coopere para resolver la situación de los pueblos indígenas afectados por esa ocupación de sus tierras.

“Lo que pude observar es que todos los actores, autoridades, pueblos y la CIDH también, quieren que, a partir de un hecho trágico, pueda haber un compromiso renovado a favor de las medidas cautelares”, dijo Joel Hernández.