El gobierno del presidente de la República, Rodrigo Chaves, tratará de dejar a la Sala Constitucional sin jurisdicción sobre el tema de pensiones de lujo.
El intento lo hará mediante el envío de una “consulta de constitucionalidad” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En campaña electoral, Chaves había hablado de someter a referendo el tema de las pensiones de lujo. Sin embargo, esa propuesta es impracticable porque la Constitución Política impide someter a consulta popular leyes sobre pensiones.
Por su parte, la Sala IV ha establecido que es posible limitar pensiones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias que no superen el 50% del monto bruto, tal como lo hizo la Asamblea Legislativa anterior al imponer cobros a las jubilaciones que superaran los ¢2,2 millones.
Ahora, durante su discurso de los 100 días de gobierno, el mandatario hizo un nuevo planteamiento sobre pensiones de lujo, que toca la Corte IDH.
“Nos mantendremos firmes en la ruta para terminar con el lastre de las pensiones de lujo, por lo que propondremos un proyecto de ley al Congreso para eliminarlas.
“Además, hemos decidido consultar la constitucionalidad de las pensiones de lujo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que la Sala IV no tenga jurisdicción sobre esta abusiva erogación para el Estado”, dijo la noche de este martes.
La Sala IV ha sentado diversa jurisprudencia sobre la materia de pensiones de lujo.
Un caso fue el de que las deducciones totales no pueden superar el 50% de la pensión bruta. Ese monto incluye aportes del jubilado al sistema, impuesto de renta y aportes solidarios.
Asimismo, avaló la imposición de un tope de ¢2,8 millones pero solo a las pensiones otorgadas después del 28 de diciembre 1998, porque este techo fue promulgado mediante la ley 7605 aprobada durante ese año.
En cuanto a las jubilaciones de Gobierno otorgadas antes de esa fecha, algunas de las cuales superan por mucho ese monto, el establecimiento del límite se declaró inconstitucional.
Asimismo, la Sala IV declaró derechos adquiridos las pensiones recibidas décadas atrás por hijas de exdiputados, lo que obligó al Gobierno a devolver dos jubilaciones de hasta ¢7,9 millones.
