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La ministra de Planificación, Laura Fernández, afirmó este miércoles que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) someterá 10.000 puestos comunes a la regulación del Ministerio de Planificación (Mideplán).
Esto significa que, para estos puestos, la CCSS usará los salarios globales que defina el Mideplán para cargos comunes del Estado como los de secretarias, contadores, proveedores u oficiales de seguridad, entre otros.
Según explicó Fernández, la Caja revisó su planilla completa e indicó que, de sus 50.000 puestos, 40.000 sí son exclusivos y específicos para su labor. En estos casos, los salarios globales sí los definirá la institución.
Para Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, esta decisión será clave para evitar que personal especializado se vaya de la institución.
Según la ministra, Planificación sí podrá regular los cargos administrativos y de apoyo, en áreas como Recursos Humanos, por ejemplo, debido a que son puestos idénticos en todo el sector público.
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Fernández explicó que el pasado lunes 10 de julio se venció el plazo máximo que tenían las instituciones públicas con autonomía máxima para indicar cuáles puestos eran exclusivos y excluyentes. Decenas de instituciones han declarado la totalidad de sus empleos en esa condición, lo que impide la regulación de los puestos comunes.
La Ley de Empleo Público ordenó que, a partir de setiembre, todas las instituciones tengan listos salarios globales para cada uno de sus puestos, en los que no existan los pluses que dispararon el gasto público en el pasado. El Mideplán, como ente rector de la materia, puede regular los sueldos de los puestos comunes en el Estado.
“Hemos visto con gran preocupación el abuso de la interpretación de esta ley, una ley que dejó portones abiertos para que instituciones autónomas de manera irresponsable hicieran declaratorias más allá de lo que la ley les faculta”, criticó Laura Fernández.
La ministra aseguró que algunas instituciones intentaron escabullirse de la aplicación de la rectoría de Mideplán, pese a que no gozan del grado de autonomía máximo que exigen la ley.
“Quisieron írsenos de las manos y tomaron acuerdos proclamando a toda su planilla exclusiva y excluyente. Nosotros tratamos de devolverlos al canasto. Tenemos un criterio vinculante de la Procuraduría General de la República (PGR) que explica expresamente que solo las instituciones con autonomía constitucional de grado máximo pueden declarar puestos exclusivos y excluyentes”, explicó la jerarca.
Con este pronunciamiento, instituciones como la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el Colegio Universitario de Cartago (CUC), el colegio San Luis Gonzaga y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) deberán mantenerse dentro de la ley.
