EscucharEl Gobierno acumula una serie de desaciertos que ha dificultado la implementación a cabalidad de la Ley Marco de Empleo Público, una reforma creada para poner orden en el gasto salarial del Estado y evitar que este rubro se salga de nuevo de control, como ocurrió en los años recientes.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había advertido, en el 2020, de que Costa Rica era el país que mayor porcentaje gastaba en remuneraciones públicas: un 50% de los ingresos del Gobierno, mientras que el promedio en la OCDE era de un 25%.
La administración anterior impulsó una reforma al empleo público y la incluyó en el acuerdo de equilibrio económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la principal medida de contención de gasto, junto a la regla fiscal.
La pasada Asamblea Legislativa aprobó la norma y esta fue firmada el 8 de marzo del 2022, otorgando un plazo de un año para su implementación.
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La administración Chaves Robles tuvo diez meses para aplicar a cabalidad la norma, cuyo principal componente es la introducción del esquema de salario global, en el que no existen los pluses que disparan el gasto, como las anualidades.
Sin embargo, para la fecha de entrada en vigencia de la ley, el 10 de marzo del 2023, el Gobierno no había definido las escalas de salario global para cada puesto.
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En lugar de ello, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), ente rector del empleo público, emitió escalas de un salario global transitorio que no estaba contemplado en la ley, mientras establece los definitivos por la vía de resoluciones técnicas.
En ese proceso, emitió salarios policiales transitorios que desataron polémica, porque se subestimaron las remuneraciones para los funcionarios de los cuerpos policiales.
Asimismo, más de 70 instituciones declararon que no acatarán los salarios que defina el Mideplán para los puestos comunes o de apoyo, lo que se contrapone a la intención de equiparar los sueldos en todo el Estado.
El Mideplán solo les dio acuse de recibo. Luego, el Gobierno promovió un diálogo del que ya se levantaron diversos sindicatos, al tiempo que aún permanecen dudas sobre cómo implementar algunos de sus artículos de la ley.
Exclusivos y excluyentes
Más de 70 instituciones han declarado a su personal como “exclusivo y excluyente” para ejercer sus labores, con lo que escapan de la regulación salarial del Ministerio de Planificación para los puestos comunes.
Entre esas entidades están decenas de municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder Judicial y las universidades públicas.
Entre los puestos comunes, están informáticos, choferes, contadores, proveedores y secretarios. La consecuencia de estas declaratorias es que unos podrían ganar mucho más que otros, por hacer la misma labor, dependiendo de los salarios que asigne cada institución que rechazó la regulación del Mideplán.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, ha explorado vías legales para evitar esa fuga. Ha hablado de una reforma legal o de presentar una acción de conflicto de poderes, ante la Sala IV, contra el Poder Judicial y el TSE.
El Mideplán también está interesado en discutir el alcance de estas declaratorias en el proceso de diálogo que empezó en marzo.
La Sala IV ratificó la potestad del Mideplán para regular los puestos comunes. Según había dicho el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, lo que hay es una desaplicación de la reforma al empleo público cuyo origen está, en buena parte, en no haber emitido las escalas salariales definitivas con antelación.
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Crítica de Contraloría
La Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala las demoras del Mideplán en la implementación de la ley. Evidenció carencias que arrastra la institución.
En ese sentido, la Contraloría reprendió al Mideplán por no atender obligaciones de la ley como la escala salarial global, los sistemas automatizados de pago, la plataforma integrada de empleo público y los lineamientos y directrices.
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Salario global transitorio
El Mideplán introdujo el salario global transitorio en el reglamento de ley, para un periodo de seis meses, aunque la ley no lo previó. Estos sueldos se pagarán a los nuevos funcionarios que entren en ese periodo.
El Gobierno lo definió como el actual salario compuesto de cada puesto, pero sin contemplar anualidades. Es decir, sueldo base más pluses.
El resultado son salarios que no contemplan los criterios que se habían establecido en la Ley de Empleo Público y, por lo tanto, podrían estar por debajo de lo requerido, según reconoció el Mideplán.
Pifia en cálculos
Por eso mismo, el Ministerio debió ajustar el salario de los policías que había sido subestimado en un 40%, porque no se contemplaron todos los componentes como el factor de peligrosidad.
La ministra reconoció que no estaban contempladas todas las variables. El Servicio Civil, en tanto, alegó que las oficinas de Recursos Humanos de los ministerio involucrados (Seguridad, Justicia y Transportes) no suministraron toda la información requerida.
En un principio, el salario de un agente penitenciario se ubicó en ¢352.000, por ejemplo. Luego, lo subieron a ¢492.000.
La actualización fue una petición de los ministros de Seguridad Pública y Justicia, Jorge Torres y Gerald Campos, respectivamente, quienes señalaron que el salario transitorio inicial desincentivaba la contratación de nuevos policías.
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El diálogo
Al inicio de la gestión, el Mideplán negó que fuera a renegociar la ley que recién se había aprobado.
En los primeros días de marzo, a días de entrar en vigencia esta legislación, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra Fernández anunciaron un diálogo para reformar la Ley de Empleo Público sin definir los cambios esperados.
Ese proceso se inició el 20 de marzo con el anuncio de las “reglas de oro” que impedían la renegociación de los principios de la ley, así como todo lo relacionado con salarios y convenciones colectivas.
De inmediato, la reacción de los sindicatos fue no participar del diálogo porque se sintieron “burlados”, por tales “imposiciones”.
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Dudas en aplicación
La ley contiene un artículo que el mismo Mideplán no sabe cómo aplicar. Se trata de un permiso para cuidar familiares con discapacidad, enfermedad o accidente, hasta por un año.
Dos artículos casi idénticos establecen un permiso de esos remunerado y otro sin remuneración, sin que existan criterios para saber cuándo aplicar uno u otro. Este será uno de los elementos a reformar, según Mideplán.
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Laura Fernández, ministra de Planificación, durante el diálogo que tiene el fin de reformar la ley de empleo público, del cual se levantaron varios sindicatos. Foto: Cortesía Mideplán
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