La Contraloría General de la República (CGR) regañó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), por los atrasos en la implementación de la Ley Marco de Ley Marco de Empleo Público.
Para el ente contralor, tanto Planificación como el Servicio Civil se han enfocado en elaborar el reglamento de la ley y la metodología del salario global, lo cual ha limitado el avance de los restantes aspectos de la reforma, como son, la escala salarial global, los sistemas automatizados de pago, la plataforma integrada de empleo público y los lineamientos y directrices.
Los señalamientos los hizo la CGR el 1.° de marzo, nueve días antes de la entrada en vigor de la ley. Los cuestionamientos constan en un informe de auditoría que analizó los mecanismos de preparación de ambas instituciones para implementar la reforma entre marzo del 2022 y enero del 2023. El ente contralor giró instrucciones a Laura Fernández, ministra de Planificación, para que corrija las carencias señaladas.
Aunque el informe no lo menciona, las carencias parecen persistir casi dos semanas después de la entrada en vigencia de la reforma.
Ambas instituciones, por ejemplo, no han creado una escala salarial global definitiva. Para poder implementar la reforma debieron crear vía reglamento una escala salarial transitoria que no está contemplada en la legislación.
Los salarios globales iniciales de los policías estaban configurados solo con el salario base de los nuevos ingresos, apartándose de los principios de la legislación que plantea un salario global elaborado a través del análisis de los factores del trabajo que, luego se califican con puntos, para finalmente convertirse a colones que sumarán el monto global.
Por la queja de los ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz, Mideplán y la DGSC debieron agregar el factor de riesgo de los policías para incrementar el salario a un nivel parecido a lo que sería el sueldo compuesto actual de las nuevas contrataciones.
La auditoría de la CGR determinó que las acciones de dirección ejecutadas por Mideplán en su condición de rector del empleo público y del Servicio Civil como dependencia técnica, han sido limitadas con respecto al marco normativo y las buenas prácticas de preparación para la aplicación de la reforma.
Si bien la legislación da un plazo máximo de 12 meses para implementar toda la normativa, desde su entrada en vigencia, la Contraloría encontró que el reglamento, aunque se haya sacado a consulta previo a su publicación, carece de otros instrumentos como lineamientos y directrices previstos por la ley. Esto dificulta una mejor orientación a las instituciones para aplicar la reforma, según la CGR.
La auditoría detectó la falta de instrumentos de planificación para que las instituciones inicien el diseño y la aprobación de los planes de empleo público.
“También se constató que, a la fecha de este informe, no se observan avances relativos al establecimiento de la escala salarial global, la cual permitirá realizar el traslado de salario compuesto a salario global, para las personas servidoras públicas que estén devengando el primero”, criticó la CGR.
Del mismo modo, la auditoría no encontró avances para conformar y habilitar la plataforma integrada del empleo público. Esta plataforma tecnológica contendrá un registro centralizado con la caracterización de la situación del empleo estatal en el país y tendrá datos del perfil laboral de los funcionarios, según lo establece la ley.
Mideplán le respondió a la Contraloría que estaba en proceso de transición hacia esa plataforma, tomando como punto de partida la Base de Datos de Empleo Público creada mediante decreto en 2017 por ese ministerio, y que está siendo manejada por la DGSC y la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP)
Sin embargo, esa base de datos “no cuenta con información completa y precisa”, dice la CGR. “La Ley Marco de Empleo Público busca que esta plataforma (integrada) provea evidencia oportuna y exacta para la toma de decisiones en materia de empleo público”, añade.
La Contraloría también señaló que, durante la evaluación, no se habían planificado los sistemas automatizados de pago requeridos con el fin de aplicar las disposiciones salariales establecidas en la ley.
Igualmente, detectó la falta de mecanismos de coordinación formales de Mideplán con las instituciones, con el fin de emitir criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas en la reforma.
“Tampoco se documentan las coordinaciones entre Mideplan y la DGSC, para realizar las tareas en conjunto señaladas en la Ley. Pese a que se dieron espacios de participación con diferentes actores, según lo informado por Mideplan, no fue posible determinar y seguir la trazabilidad de las coordinaciones realizadas”, dice la CGR.
Los mecanismos de coordinación con otras instituciones fuera del Gobierno Central los permite la legislación.
La CGR giró disposiciones a la ministra Laura Fernández para que corrija las carencias señaladas. Estas deben definir y documentar los objetivos y metas, fechas de inicio y de término.
La CGR giró disposiciones a la ministra de Planificación, Laura Fernández, para que corrija las carencias señaladas en la implementación de la ley de empleo público. Foto: Cortesía Mideplán.
