Escuchar
Una mayoría de 36 diputados aprobó este martes el informe de investigación de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el cual concluye que hubo un presunto delito de tráfico de influencias en el caso PANI-Baruch.
Luego de un debate reglado de casi hora y media, los diputados aprobaron el documento que considera como un aparente delito la llamada realizada el pasado 22 de marzo por el asesor presidencial, Gabriel Aguilar Vargas, a la entonces presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo.
El informe da por demostrado que Aguilar, actual jefe de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves, llamó a López para pedirle “cuidado con el caso de la custodia de los hijos” del empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT.
Añade que, de inmediato, el asesor le dio a la entonces jerarca del PANI el teléfono de Yafit Ohana Beladel, esposa de Baruch (la pareja está en proceso de divorcio), y le pidió que la llamara.
Baruch sostiene que Chaves ejerció una presión indebida sobre López Fuscaldo para que actuara en favor de Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.
La investigación también cita que, previamente, el asesor se reunió en al menos dos ocasiones con Yafit Ohana en Casa Presidencial, según registros oficiales.
LEA MÁS: Hechos probados en caso PANI-Baruch podrían constituir tráfico de influencias, concluyen diputados
El informe recomendó enviar al resultado de la investigación legislativa al Ministerio Público, para que este evalúe la eventual apertura de un expediente judicial. La Fiscalía ya tiene una causa en curso por una denuncia presentada por el empresario.
En contra del informe votaron los integrantes de las fracciones de Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR), agrupaciones que emitieron un informe de minoría cada una.
El documento de mayoría contó con la firma de cinco congresistas de la Comisión de Derechos Humanos: Montserrat Ruiz y Sonia Rojas, del Liberación Nacional (PLN); Melina Ajoy, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), y Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP).
Una vez aprobado este informe de los cinco legisladores, quedaron rechazados en automático las otras dos propuestas, tanto la firmada por Alexánder Barrantes, del PPSD, como la de Rosalía Brown, de Nueva República.
En el informe, se resalta que, bajo juramento, el asesor presidencial declaró el 31 de julio pasado que hizo la llamada a la exjerarca del PANI por su propia iniciativa, aunque Gloriana López Fuscaldo aseguró que Aguilar le dijo que hablaba por instrucciones de su jefe, es decir, del presidente de la República.
En la audiencia de la Comisión sobre Derechos Humanos, el funcionario respondió que él no podía decir que López Fuscaldo hubiera mentido en su comparecencia.
Asimismo, se cita que Ohana obtuvo seis reuniones en la Casa Presidencial; el registro del primer encuentro indica que se trató de una reunión con el entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en julio del 2022. Él, en audiencia virtual, negó haberse reunido con ella.
“Se tiene por demostrada una de dos posibilidades: que el ministro Rodríguez Vives faltó a la verdad bajo juramento el 29 de agosto del 2023 o que, las bitácoras de control de entradas y salidas de visitantes a la Presidencia de la República, a cargo del Departamento de Guardia Presidencial, están falseadas y no contienen información fidedigna, aspecto que debe ser analizado desde las ópticas de amenaza a la seguridad nacional”, expuso el informe.
Frente a lo indicado por ese informe de investigación, los oficialistas Alexánder Barrantes y Ada Acuña cuestionaron el documento aprobado y la metodología utilizada en ese proceso.
“El informe de minoría que suscribí es objetivo, basado en argumentos reales y fundamentos probatorios, no en suposiciones, no como el informe de mayoría que no se basó en elementos básicos del método científico, como la recopilación de evidencia, se quedó en lo subjetivo”, alegó Barrantes.
El oficialista calificó la investigación de “show político” y dijo que Gloriana López Fuscaldo “llegó a mentir” guiada por “preguntas arregladas de una diputada”; Barrantes alegó que no hubo ninguna injerencia de la Presidencia de la República.
En términos similares, Ada Acuña acusó a López Fuscaldo de una pésima gestión y de mentir, y dijo que en el informe del PPSD se señala a la expresidenta del PANI y se le pide al Ministerio Público investigar.
“El señor Leonel Baruch tiene defensores de ticos con corona en este plenario”, lanzó Acuña. La liberacionista Montserrat Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, acusó a la diputada oficialista de mentir, porque enfatizó que el mandato del plenario fue investigar las acusaciones que lanzó la expresidenta del PANI y no la labor de la institución.
