Escuchar
El presidente de la República, Carlos Alvarado, le pidió a la contralora general, Marta Acosta, acceso a las bases de datos sobre compras y salarios del sector público, confeccionadas por la Contraloría General de la República, sin necesidad de conocer identidades de personas en específico.
Así lo confirmó la Contraloría, la cual suministró copia del intercambio de cartas entre el mandatario y la contralora.
En la carta de solicitud, con fecha del 10 de julio del 2018, Alvarado le escribió a Acosta que, si existen datos que podrían considerarse sensibles, la información podía ser anonimizada, pues el interés presidencial era un estudio meramente estadístico.
El gobernante envió la carta a la contralora apenas un mes después de haber asumido la Presidencia.
“Por este medio quisiera hacer de su conocimiento que es de interés del despacho del señor presidente el proveernos de ciertas bases de datos e información estadística, que manejan los ministerios e instituciones públicas, que son de utilidad para la toma de decisiones y coordinación de proyectos de alto impacto desde la Presidencia de la República”, expuso Alvarado.
“Para esto, aspiramos a construir una red de vínculos permanentes con una lista de instituciones, entre ellas la Contraloría General de la República, de forma que la información y las bases de datos de interés puedan fluir de forma segura y sean un insumo de mucho valor para la correcta dirección de este Gobierno”.
“En este caso, por ejemplo, hay un interés en estudiar la información sobre compras públicas de todas las instituciones del Estado y salarios del sector público.
“Cualquier información que sea considerada muy sensible, puede ser anonimizada, dado que no interesa conocer identidades, el estudio es meramente estadístico. Además, podría haber otras bases que posea la Contraloría que resulten de interés para los objetivos que nos hemos trazado, y para ello se quiere construir el vínculo de forma permanente y segura”, continúa la carta del mandatario.
LEA MÁS: Fiscala general allana Presidencia por caso UPAD
El 8 de agosto, la contralora le respondió que coordinó los accesos a la información contenida en las bases de datos del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) y el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), entre otros.
Tanto los datos de compras como los de salarios del Estado son públicos, incluso con nombres de las personas. En el caso de los sueldos, así lo ratificó la Sala IV en el voto 2016004358 cuando condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por no entregar la información de salarios públicos al exdiputado Otto Guevara.
“Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué funcionario en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierto salario”, concluyeron los magistrados en esa ocasión.
Por parte de la presidencia, Carlos Alvarado asignó a Diego Fernández y Alejandro Madrigal para coordinar el acceso a la información.
Fernández y Madrigal son dos asesores que ayudaban al mandatario en el análisis de datos hasta que Alvarado ordenó detener sus labores tras la publicación del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el 17 de febrero.
El decreto, que fue derogado el 21 de febrero, establecía que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones públicas.
El hecho motivó una investigación legislativa y un allanamiento a Casa Presidencial por parte de la fiscala general, Emilia Navas, la cual investiga si la Presidencia accedió a datos confidenciales de las personas.
El presidente Alvarado incluso figura como investigado por los presuntos delitos de violación de datos y prevaricato.
