El mandatario Carlos Alvarado dijo desconocer si el equipo legal de Casa Presdencial revisó el decreto que permitía a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) acceder a información de “carácter confidencial” disponible en las instituciones públicas.

Así lo indicó Alvarado al ser interrogado, este miércoles, por la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, al inicio de su comparecencia en el plenario de la Asamblea Legislativa ante la comisión que investiga el funcionamiento de la UPAD.

“Eso es algo que a mí no me consta”, respondió el mandatario ante reiteradas consultas de la legisladora sobre el proceso de revisión que tuvo el decreto de creación de la Unidad, publicado el 17 de febrero del 2020 en el diario oficial La Gaceta.

Como parte de su intervención, la diputada Delgado señaló que, conforme al principio de legalidad, el citado decreto debió pasar por una etapa de revisión en la Dirección de Leyes y Decretos de Presidencia, antes de su entrada en vigencia.

Al respecto, el mandatario comentó que cuando el documento llegó a su despacho, este ya había pasado por el proceso de firmas en los ministerios correspondientes y que eso le daba a él la garantía de que se había superado la revisión jurídica correspondiente.

“Cuando llega un decreto para ser firmado por mi persona, lo que me consta es la firma de jerarcas de los ministerios, quienes son lo que certifican para tales efectos que los decretos, este u otro, han pasado su debido proceso”, indicó.

Alvarado señaló que un documento de ese tipo pasa antes por las oficinas legales de las carteras implicadas y luego lo analiza el equipo jurídico de la Presidencia. Sin embargo, repitió que no le consta que el decreto de creación de la UPAD pasara por la Dirección de Leyes y Decretos.

“Eso no me consta. Como cualquier decreto que llega, veo que lleve las firmas de los jerarcas superiores de los ministerios”, insistió Alvarado.

El artículo 7 del decreto, el cual fue derogado días después de su publicación, establecía que las instituciones debían permitir a la UPAD, que funcionaba desde antes en Presidencia, el acceso a la información que esta oficina requiriera en los formatos electrónicos adecuados.

En su segunda parte, ese mismo artículo decía: “En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.

“Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”, añade.

El mandatario reconoció que esa parte del decreto “llama a la confusión” , aunque, asevera, su espíritu integral “denota que está en materia de cumplir con el bloque de legalidad”.

Horas después, en la misma comparecencia, ante las consultas del diputado frenteamplista José María Villalta, el presidente reconoció que firmó el documento sin leerlo antes y que tampoco le expuso dudas a quienes lo llevaron a su despacho.

“Es humanamente imposible, en mi caso, leer 5.200 documentos (que ha firmado) porque me apartaría de gobernar. Yo no sé, ustedes me podrán decir, si cada diputado lee absolutamente todos los artículos de las leyes que aprueban”, justificó.

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Quién lo elaboró

Por otra parte, la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado le consultó al mandatario a quién le había instruido elaborar el decreto sobre la UPAD.

Alvarado respondió que desde la campaña electoral del 2018 conversó con Diego Fernández, quien dirigió la Unidad mientras funcionó en Presidencia, sobre su idea de crear un equipo de análisis de datos para desarrollar política pública.

Al respecto, la legisladora verdiblanca comentó que el propio Fernández, en una comparecencia anterior ante la comisión investigadora, señaló a Luis Eduardo Salazar, excomisionado para la población LGTBI, como el creador del decreto.

Alvarado respondió de la siguiente manera: “Entre mis funciones como presidente está el direccionamiento del país, no el control administrativo de ciertas materias.

“Como presidente mi direccionamiento es ver que (el documento) tiene aval del superior jerárquico de la institución Y eso me da la garantía de que ha pasado los debidos procesos, porque cuando estampo mi firma tengo absoluta certeza que está bajo la norma y legalidad”, insistió.

Delgado también señaló que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, expresó ante ese mismo foro que su despacho no recibió el decreto para que estampara su firma.

“Este decreto no pasó por la estructura formal de Casa Presidencial, sino por otra instancia sin competencia para crear o firmarlo”, aseguró la diputada.

Además de la firma del mandatario y del entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el decreto de la Unidad fue suscrito por el entonces viceministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Luis Daniel Soto Castro.

Morales y Soto Castro renunciaron a sus cargos debido a la polémica desatada. Morales regresó a su silla como diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los tres, incluido el mandatario, figuran en una investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República para determinar si la Unidad de Análisis de Datos accedió o no a datos confidenciales de los habitantes.