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El presidente Carlos Alvarado acudirá a la Sala IV para que esta dilucide si su comparecencia en el plenario de la Asamblea Legislativa, por el caso de la UPAD, fue una “interpelación velada” y una ruptura del orden constitucional.
“Conociendo al señor presidente y su compromiso con la institucionalidad, con el país y con el respeto a la Constitución, no me cabe la menor duda que así va a ser”, afirmó este jueves Róger Guevara, uno de los abogados del mandatario, en el programa Malas Compañías de Teletica Radio.
El periodista Armando González le preguntó al abogado si el mandatario se apersonaría en alguno de los expedientes que otros ciudadanos ya abrieron, en contra de la interpelación al gobernante, o si presentaría un caso aparte “para tratar de sanar esa herida en el orden constitucional”.
Guevara respondió: “Estamos haciendo las valoraciones de cuál es el mejor remedio a utilizar y es una valoración que a partir de hoy nos vamos a abocar a hacer, a analizarlo con él (Alvarado), para tener un criterio formado y fundamentado de cuál es la mejor opción la próxima semana”.
El jurista sostuvo que, en definitiva, “esa discusión se va a dar en la Sala Constitucional”.
Alvarado y su equipo sostienen que lo ocurrido el miércoles no está dentro del marco de la Constitución Política.
Ese día, la comisión investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) llevó al presidente al plenario legislativo para interrogarlo durante unas ocho horas, con espacio abierto para todos los diputados.
De hecho, con 40 votos a favor, la Asamblea aprobó suspender cualquier otro órgano legislativo ese día, para que todo el quehacer legislativo se concentrara en la comparecencia del mandatario.
Durante su participación, Carlos Alvarado sostuvo que su presencia no era coherente con la división de poderes establecida en la Constitución, pero que prefirió asistir para evitar que le achacaran una reticencia a rendir cuentas.
“La institucionalidad estoy totalmente seguro de que el presidente la va a defender y va a tomar las acciones que correspondan para demostrar que lo realizado ayer fue simplemente un quebranto a la institucionalidad del país”, dijo su abogado.
“El que tiene el criterio oficial va a ser la Sala Constitucional en su momento. Entiendo que se han presentado algunos recursos de amparo, que nosotros no hemos tenido que ver absolutamente ninguna relación con eso”, agregó.
Al preguntársele por qué el mandatario asistió a la comparecencia si consideraba que el acto era inconstitucional y que él había jurado respetar la Constitución, el abogado Róger Guevara sostuvo que le recomendaron asistir porque la convocatoria podía ser una “cortina de humo” para que no asistiera y lo criticaran por ello.
Para Guevara, el afán era “destruir al presidente en el pleno” y montar un “show político”, pues hasta un diputado, Pedro Muñoz, del PUSC, dijo que el acto era un “juicio político”.
“Lo interpelaron por diversos temas. Algunos dijeron ‘aquí yo pregunto, usted responde’; entonces, no es un tema de explicación. Definitivamente, lo que se vio ayer fue una interpelación velada, fue un precedente negativo, nefasto, y nosotros pensamos que hay que evitar que esto vuelva a suceder, no por Carlos Alvarado, sino por la investidura de la Presidencia”.
“Es algo a considerar y me parece que el debate ahora sí tiene ser reposado, serio. Tiene que ser una discusión de altura, con argumentos. Yo esperaría que, si esto llega a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional le haga un favor a este país y deje establecido si esto fue inconstitucional y por qué; y si considera que no lo es, que explique por qué no”.
Ante la consulta de por qué no plantearon un conflicto de poderes ante la Sala IV antes de la comparecencia, Guevara alegó que había un problema de tiempo.
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Actualmente hay tres denuncias formales presentadas ante la Sala IV contra la comparecencia del presidente en el plenario. Se trata de dos recursos de amparo presentados los días 8 y 10 de febrero, así como un habeas corpus interpuesto el día 9 de este mes.
El Tribunal indicó que el objetivo de las denuncias es declarar inconstitucional el proceso convocado por la comisión legislativa que investiga el caso UPAD.
“En esencia, su petitoria se resume en que se ordene a la Asamblea Legislativa, tanto a la Presidencia como a la comisión especial investigadora, suspender la comparecencia programada para el miércoles 10 de febrero de 2021 hasta que no se garantice que su realización no conlleve roces de constitucionalidad”, explicó la Sala IV.
La Carta Magna solamente permite la realización de interpelaciones en el plenario a los ministros del Gabinete presidencial.
Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa había concluido que interrogar en el plenario al presidente de la República, Carlos Alvarado, “excede la lógica parlamentaria”.
“La comparecencia del presidente de la República ante el plenario legislativo, para rendición de un informe y su correspondiente debate, no es un acto previsto en la Constitución Política, lo que eventualmente podría vulnerar el delicado equilibrio establecido por el constituyente a la hora de diseñar el sistema semipresidencialista escogido por él”.
“De ahí que no cabe, a nuestro juicio, la aplicación analógica del artículo 145 de la Constitución Política”, expuso el criterio emitido por ese departamento.
El artículo 145 dice: “Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando esta así lo disponga”.
