El presidente Carlos Alvarado confirmó que la reforma al empleo público crearía un nuevo régimen salarial para los futuros empleados públicos, a fin de evitar el crecimiento desmedido del gasto en las remuneraciones del Estado.
A su vez, el proyecto de ley introduciría mecanismos para aumentar la eficiencia de los funcionarios actuales.
El mandatario añadió que la propuesta será presentada a la Asamblea Legislativa a finales de este mes de marzo, junto a otras propuestas, porque ese fue el compromiso adquirido por su administración. Así lo dijo este miércoles durante un acto público en San Isidro de Heredia.
“Esto se enfoca por un lado en la eficiencia del personal actual y, también, a generar condiciones diferentes, un nuevo régimen, para que una vez aprobada la ley, los que ingresen después de eso entren con otras condiciones y hacia eso es a lo que estamos encaminando”, declaró Alvarado.
“Esto siempre para que el servicio público sea eficiente para el país y que los incentivos y las remuneraciones estén acorde con la motivación de las personas, pero que no sean como lo que tuvimos que corregir ya en la parte de la reforma fiscal”, continuó.
El gobernante había dicho, anteriormente, que se introducirían ajustes en la forma de evaluar el desempeño de los servidores públicos.
La reforma fiscal introdujo cambios para ponerles freno al crecimiento del gasto en incentivos como las anualidades y la dedicación exclusiva pues, en al menos 24 instituciones, el gasto en pluses llegó a ser más alto que el propio gasto en salarios.
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Alvarado sostuvo que hay un diálogo abierto con los sindicatos y que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, lleva adelante un proceso que él califica de positivo, pero que el Congreso tendrá que llevar a cabo otro proceso de conversación.
Días atrás, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, dijo que la reforma a empleo público “no es un proyecto fiscal ni gremial”, sino que buscará "la eficiencia en la Administración Pública”.
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Al igual que el mandatario, Piza recordó que ya la reforma fiscal introdujo medidas para contener el gasto en pluses salariales, por lo que garantizaba que a nadie se les rebajarán los derechos adquiridos.
Añadió que se evalúa, por ejemplo, si se propone un esquema de salario único. Ese esquema lo han aplicado instituciones como la Contraloría General de la República para los nuevos empleados y consiste en otorgar un solo sueldo al funcionario, sin incentivos.
Durante casi una década, la Contraloría se ahorró unos ¢9.200 millones con la introducción del sistema solo para los nuevos empleados.
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