“Me parece que el proyecto, como (lo) ha definido el presidente (Carlos Alvarado), no es un proyecto fiscal ni gremial. Busca la eficiencia en la Administración Pública”.
Así sintetizó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, el objetivo de la propuesta de reforma al empleo público, la cual el Gobierno trabaja para presentar en la Asamblea Legislativa a finales de marzo.
Para reforzar su idea, el titular da probabilidades de no incluir más regulaciones a los pluses salariales para disminuir aún más en gasto público y, a la vez, aclara que el diálogo abierto con sectores como el sindical tampoco significa aceptar imposiciones.
No obstante, sobre las regulaciones al salario, el jerarca aclara que depende de la inclusión o no de la modalidad del salario único.
Piza recordó que el país ya tiene un avance en la regulación de pluses salariales como prohibición, anualidades, dedicación exclusiva y cesantía en la reforma fiscal aprobada en diciembre.
“Ahí hay avances, ahora eso (de incluir en la reforma al empleo público más regulación a los pluses, depende) si llegamos o no llegamos a un salario único. ¿Cómo se llega para los nuevos empleados?, ¿cómo se respeta?, porque el Gobierno ha dicho que respetará los derechos adquiridos, que a nadie se le rebaja sus ingresos?”, explicó ministro.
Por su parte, el mandatario Carlos Alvarado se refirió en similares términos a la regulación del empleo en la futura propuesta de reforma.
Adujo que se enfocará en la calidad del empleo público, porque la parte “económica salarial” ya fue incluida en la reforma fiscal.
“Lo que vendría ahora son los temas más bien de eficiencia, evaluación de desempeño, las categorías de las personas nuevas que ingresan, cómo ingresan”, explicó el gobernante, quien no se refirió a la posibilidad de incluir el salario único.
En tanto, Piza explica que en lo gremial, el Poder Ejecutivo está escuchando a los sectores.
“Yo creo que un gobierno no puede cerrar la puerta y el presidente Alvarado siempre tiene la puerta abierta con empresarios, con sindicatos, con organizaciones sociales, con ciudadanos, dentro de lo que se puede. Si no se puede, lamentablemente, no se puede recibir a cada uno”, explica el ministro sobre el diálogo abierto con los sindicatos.
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En entrevista con La Nación, Piza adelantó que ya existe un borrador del proyecto elaborado desde el Ministerio de Planificación, pero que ahora se busca “tener un proyecto común”, para lo cual se dialoga con los gremios.
¿Qué contiene el borrador? Piza detalló poco al explicar lo siguiente: “El ingreso a la carrera, los procedimientos para ingresar a la carrera administrativa o la función pública, el tema de cómo se desarrolla la carrera en la Administración Pública, cómo se mejora la eficiencia”.
De acuerdo con el titular de la Presidencia, el Gobierno pretende incluir en el texto el salario único.
“Es una fórmula que está considerada, pero todavía la definición final del Gobierno será cuando presente el proyecto a finales de marzo”, anticipó Piza.
El Ejecutivo se comprometió, el 31 de mayo de 2018,a reformar los regímenes de empleo público. En aquella ocasión, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, les presentó a los diputados su estrategia para contener el crecimiento del gasto público.
Según el presidente Carlos Alvarado, el objetivo es que los funcionarios públicos sean más eficientes y en agosto él afirmó que el nuevo régimen abarcará a todos los poderes de la República.
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El Gobierno invitó a 25 agrupaciones sindicales de diferentes sectores, a dialogar sobre empleo público en búsqueda de consensos.
Las reuniones se iniciaron el 25 de enero y, hasta el 18 de febrero, se habían realizado seis encuentros, en los cuáles no se avanza en la discusión sobre empleo público porque los sindicatos aprovechan para plantear su malestar sobre la reforma fiscal, la cual debe ser reglamentada por el Ministerio de Planificación, a más tardar el 4 de junio.
Por ejemplo, siete sindicatos le pidieron a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspender la aplicación de la reforma fiscal.
Los gremios consideran que la reforma política genera “descontento, confusión, inseguridad jurídica, y desde luego, una efervescencia más que justificada de los trabajadores”.
Al respecto, Piza dejó claro que la normativa sobre empleo público contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya es ley de la República y se aplicará como tal..
“Siempre (se) lo hemos manifestado (a los sindicatos) y la ley que se aprobó, lo va mantener”, añadió.
No obstante, agregó que la voluntad de siempre del Gobierno es escuchar propuestas y dialogar, sin que esa apertura signifique aceptar imposiciones de algún sector.