Rebeca Madrigal Q.. 4 abril
04/02/2018. Carlos Alvarado y Ottón Solís. Fotos: Mayela López
04/02/2018. Carlos Alvarado y Ottón Solís. Fotos: Mayela López

El presidente electo, Carlos Alvarado, celebró los cambios que los diputados introdujeron al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el objetivo de ayudar a reducir más el déficit financiero del Gobierno.

Una de las mociones, aprobada el martes, limita a un 1,94% del salario base el pago adicional que, en adelante, recibirían los empleados públicos por cada año laborado, incentivo conocido como anualidad. Actualmente, algunas instituciones pagan más del 5%. Las anualidades constituyen el incentivo salarial más costoso para el Estado.

La otra moción aumenta el impuesto de renta a las personas que reciben sueldos superiores a los ¢2,1 millones mensuales. Estas personas, que actualmente pagan un 15%, pagarían un 20% si su salario no supera los ¢4,2 millones y un 25% si rebasa los ¢4,2 millones.

(Video) ¿Qué pasó con las anualidades y los topes de cesantía?

"Las mociones aprobadas las celebro, me parece que son oportunas. Yo venía abogando, y así lo pedí a mis diputados, principalmente en materia de los salarios más altos, porque el tasar los salarios más altos le da progresividad (al proyecto)".

"Ahí estamos hablando de menos del 10% de la población de mayor ingreso; o sea, ahí literalmente es tener impuestos a las personas con más ingresos", dijo Alvarado ante una consulta planteada en el programa radiofónico Hablando Claro.

Según Hacienda, menos del 3% de la población asalariada gana más de ¢2,1 millones.

"Veamoslo también en el contexto de la elección... hubo un mensaje muy claro en el resultado electoral de que hay desigualdad profunda en Costa Rica, manifestada territorialmente, no solo en lo urbano, sino en la relación centro periferia", continuó el presidente electo.

Desde la campaña política, Alvarado insistió en aumentar el impuesto de renta que pagan los salarios superiores a los ¢2 millones, una propuesta que no estaba incluida en el proyecto original impulsado por el gobierno.

Las mociones fueron presentada por el diputado del PAC, Ottón Solís, algunas en conjunto con la liberacionista Sandra Piszk.

El proyecto fiscal que se discute en el Congreso, mediante una vía rápida, pretende reducir el déficit en cerca de 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en momentos en que el déficit es del 6% del PIB y amenaza con crecer rápidamente a un 8%.

Estos son en detalle los cambios aprobados por los diputados:

– Limitar a un 1,94% del salario base el pago adicional que reciben los empleados públicos por cada año laborado, incentivo conocido como anualidad. Actualmente, algunas instituciones pagan más del 5%, lo cual cuesta al Estado unos ¢400.000 millones por año.

Según el diputado Solís, este techo regiría tanto para empleados viejos como nuevos de todo el aparato estatal, pero no así para los funcionarios de entidades públicas en donde, mediante una convención colectiva, se haya fijado un monto mayor.

– Cobrar un impuesto de renta del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, y un 25% a los que superen los ¢4,2 millones. Actualmente, estos salarios pagan un 15% de impuesto de renta, tasa que se mantendría para los sueldos que van de ¢1,2 millones a ¢2,1 millones.

– Tope a los salarios de los jerarcas de empresas estatales en competencia, como el ICE o el INS. No podrán ganar más de 30 veces el salario más bajo de la administración pública, lo que equivaldría a unos ¢8 millones.

– Se elimina el incentivo por “discrecionalidad y confidencialidad”.