Carlos Alvarado, presidente de la República, afirmó “con toda sinceridad” que su gobierno trabaja en un proyecto para reducir la dispersión de instituciones y maximizar los recursos.
Así lo afirmó el miércoles de esta semana, durante una gira al cantón de Garabito, Puntarenas, 19 meses después de que la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunciara una propuesta para reducir la cantidad de institución del Gobierno central, el cual cuenta con 330 entidades.
Alvarado aseguró que el plan sería presentado “próximamente” y que, en este, se cuidarán de no reducir los servicios básicos del Estado social de derecho.
“Sí hay mucha dispersión de instituciones, posibilidad de maximizar recursos. ¿Cuáles? Bueno, ahí es el ejercicio que estamos haciendo. Puedo decir, con toda sinceridad, que estamos trabajando en cuáles son los esfuerzos políticos que optimizan ese esfuerzo. Es decir, conseguir recursos para atacar el déficit sin vulnerar el Estado social de derecho", expuso el presidente.
Aunque no especificó la fecha en que sería presentado al Congreso, el mandatario afirmó que el texto se encuentra “muy avanzado”.
A manera de ejemplo, Alvarado comentó: “Tiene que ver con fusionar y fusionar tiene que ver con los temas de las superintendencias. Queremos valorar porque también ahí es un rol, que es muy similar entre las superintendencias. Además, que tienen categorías salariales de las más altas. Esos son elementos elementos de los que se están considerando y pronto serán puestos a consideración del país”.
Alvarado recordó que fundir instituciones forma parte de la ruta de consolidación fiscal; es decir, disminuir el gasto para reducir el déficit.
“Que, al hacerlo, mejoren nuestra situación económica, fortalezcan la confianza pero, a la vez, no vulneren cosas esenciales de nuestro Estado social de derecho, servicios básicos, por ejemplo”.
“Pongo los contraejemplos: no vamos a tomar acciones que tengan una afectación en temas esenciales como educación y seguridad. Eso es esencial en lo que un Estado social de derecho es”, añadió.
La Nación intentó consultar a la ministra de Planificación (Mideplán), Pilar Garrido, para conocer del avance de la propuesta, pero no fue posible.
En el Congreso, Pedro Muñoz, cojefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que el gobierno ha incumplido su promesa de hacer esos cambios.
Recordó que, en el 2018, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, también se comprometió en el plenario legislativo a que, en el 2020, el país contaría con una ley para ordenar el empleo público.
“Hoy ni siquiera tenemos un proyecto de ley en discusión”, cuestionó Muñoz.
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El legislador añadió que, en febrero del 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el país necesita de reformas estructurales para mejorar la competitividad y que el gobierno estaba desarrollando una agenda con ese propósito.
“¿A dónde está la agenda con ese propósito que las autoridades le dijeron al Fondo?”, cuestionó el congresista.
“En cuanto a mi voto, no voy a aprobar ningún empréstito internacional a menos de que esté caminando un plan concreto que incluya este tema. Esa una posición mía que, además, sé que es compartida con muchos diputados de la fracción”, anunció Muñoz.
No fue posible conversar del tema con la jefa de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández.
Promesa suma tiempo
En julio del 2018, la entonces jerarca de Hacienda indicó que su institución planeaba poner sobre la mesa una propuesta para fundir varias de las 330 instituciones que conforman el Gobierno en la actualidad.
En ese momento, Rocío Aguilar calculó que, desde esa fecha hasta el 2020, tomaría forma un estudio sobre las instituciones adscritas al gobierno, la incidencia de estas en el gasto y los efectos legales que le provocan al funcionamiento del gobierno.
“Es un tema crítico el del diseño institucional conformado por 330 instituciones. En un 30% de ellas se concentra el 80% del gasto”, expuso la ministra.
Agregó: "El país no ha querido hacer un cambio y pareciera imposible plantear proyectos, no para cerrar, sino para fusionar instituciones. Ya la cuerda no da”.
Luego, el 6 de marzo del 2019, el Ministerio de Planificación (Mideplán) anunció que evaluaba si era necesario mantener 76 instituciones que funcionan como órganos desconcentrados.
Entre la lista, están el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC).
Garrido explicó que la idea era detectar cuáles de esas entidades ameritan mantener su estatus actual y cuáles pueden ser fundidas al ministerio del que dependen.
La jerarca se comprometió a materializar el resultado del estudio en un proyecto que presentaría en setiembre de ese mismo año, pero que no ha llegado aún.