Sala IV: Autobuseros recibieron beneficio económico inconstitucional

Los transportistas se eximieron de pagar ¢4.000 millones a la Aresep, pese a que los usuarios no percibieron rebaja alguna en los pasajes.

Por mayoría, los magistrados declararon con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2020 por el entonces regulador general, Roberto Jiménez, quien argumentó que el beneficio afectaba las finanzas de la Aresep y a los usuarios.

Jiménez impugnó el último párrafo del transitorio XI de la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021, emitida el 29 de octubre del 2020.

Esta norma redujo el impuesto sobre la propiedad de vehículos del marchamo del 2021 pero, a la vez, incluyó otros beneficios para los transportistas, bajo el argumento de que fueron afectados durante los primeros meses de la pandemia por covid 19.

Recibieron rebajos de hasta el 21% en el canon del Consejo de Transporte Público (CTP) y del 50% en el de la Aresep.

Como los autobuseros ya disfrutaron de la rebaja, la Sala IV señaló que “se dimensionan” los efectos de la sentencia para que operen a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, a fin de evitar “graves dislocaciones” en la seguridad jurídica, la paz social y la justicia.

El magistrado Paul Rueda, además, consignó una nota en la que se refiere a la nulidad de la Ley por no haber sido consultada a la Aresep. También, junto al magistrado Fernando Cruz, hizo señalamientos sobre los montos dejados de percibir por la Aresep.

Sobre este fallo, la Autoridad Reguladora comunicó que se procederá a analizar el alcance del voto porque, en su criterio, “la Sala deja en manos de Aresep dimensionar los alcances”.

Actualmente, los diputados discuten otro proyecto de ley para ampliar de 15 a 20 años la antigüedad máxima de los buses, también bajo el argumento de la afectación por la pandemia.