Solo para lo que resta del 2018, expone el documento, el Gobierno costarricense todavía tiene necesidades de financiamiento por $2.000 millones (¢1,2 billones) para terminar de sufragar sus gastos.

Oppenheimer hace énfasis en que el proyecto está lejos de lograr la corrección del 4,5% del PIB recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que la ministra Aguilar le explicó a la consultora que el Gobierno promoverá reformas referentes a empleo público y cooperativas, entre otras.

De ser aprobado en segundo debate, el plan fiscal generará recursos nuevos equivalentes al 1,3% del producto interno bruto (PIB) por año, los cuales aumentarán a un 3% o 3,5% en 2021, gracias a las medidas de contención del gasto que la reforma incluye, dice el texto de Oppenheimer, compañía con sede en Manhattan, Nueva York.

Una amnistía tributaria, incluida en el proyecto, generará recursos equivalentes al 0,5% del PIB.

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De momento, en la Asamblea Legislativa se impulsan cinco modificaciones ligadas a la reforma fiscal, en las cuales los diputados proponen gravar los excedentes de las grandes cooperativas, eliminar los aumentos automáticos de los salarios de los médicos, enmendar la ampliación de la exoneración del impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se concedió a las empresas de zona franca, reafirmar que no habrá recortes en las transferencias del Estado y proteger los sobresueldos de los docentes por labores especiales.

El informe de Oppenheimer también menciona que Hacienda buscaría gravar los ahorros y préstamos, pero Aguilar confirmó a La Nación que no existe ningún proyecto en ese sentido. “No sé de donde habrá salido eso porque no hablamos nada al respecto y no hay ningún proyecto de eso, tal vez haya sido algo de la traducción”, comentó.

La firma estima que el mejor escenario para la aprobación de la reforma fiscal es la tercera semana de noviembre, luego de conversar con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y la ministra coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, Edna Camacho.

Sin embargo, cita la posibilidad de que la oposición política, representada por Restauración Nacional, lleve el proyecto a la Sala IV antes del 22 de octubre, en donde el proyecto podría caerse por errores de procedimiento.

Asimismo, menciona que la Corte Suprema de Justicia podría exigir que el proyecto sea aprobado con 38 votos, lo que demandaría al Gobierno buscar tres apoyos adicionales.

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Recursos de organismos internacionales

La ministra de Hacienda también confirmó, tanto a la consultora como a La Nación, que luego de la aprobación de la reforma fiscal, se buscará financiamiento con tasas de interés más bajas con entidades externas y que, posiblemente, se promoverá una emisión internacional de bonos, pues el mercado local le está cobrando muy caro al Gobierno por prestarle dinero para cubrir sus gastos.

Según el informe, el Banco Central está en conversaciones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica para obtener unos $1.000 millones de financiamiento.

No obstante, cualquier apoyo de organismos multilaterales depende de la aprobación de la reforma fiscal y la ministra de Hacienda mencionó que, si bien hay apoyo en el Congreso para una emisión internacional de bonos, el Ejecutivo no avanzará mientras no se confirme el proyecto.

Añade que, si se aprueba el plan fiscal, los rendimientos de los bonos de deuda costarricense deberían volver a los niveles de República Dominicana a largo plazo. En caso de que no se apruebe, los rendimientos de los bonos de largo plazo podrían superar el 8,5%, es decir, a Costa Rica le saldrá más caro endeudarse.

“Aún aprobada la reforma fiscal, los ingresos no se van a generar de inmediato, entonces aquí el punto importante es que lo que sí podríamos tener de inmediato. Cuando tengamos la reforma, son oportunidades con organismos financieros internacionales, incluso a mí me ha llamado la atención que en estos días algún diputado nos ha pedido que tengamos listo un proyecto para una emisión de bonos internacionales porque yo creo que todos han ido entendiendo que la posibilidad de tener acceso a recursos con tasas menores tiene que ser en el mercado internacional, no en el mercado local”, explicó Aguilar.

El Gobierno también negocia canjes de deuda con instituciones públicas que tienen bonos de deuda.

¿Hay plan B?

El documento preparado por la consultora estadounidense también hace mención a que la jerarca de Hacienda no mencionó que exista un plan B, en caso de que la reforma fiscal no sea aprobada.

Aguilar afirmó que no habló con Oppenheimer sobre ese tema porque esperan no tener que usar un plan B y porque ese no era el objetivo de la llamada.

“No hablamos de un plan B, ese no fue el tema de la conversación, sino ponerlos al día del contexto de la economía nacional y el proceso que ha seguido adelante la reforma, dónde estaba el proceso. Siempre hay que tener un plan B, pero esperamos no tener que usarlo", dijo.

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Según la firma, de no aprobarse la reforma, escenario que califica como el “peor”, el déficit fiscal sería de un 7,2% del PIB en el 2018 y de un 7,9% del PIB en el 2019 del PIB. El país cerró el 2017 con un déficiti del 6,2%.

Oppenheimer Holdings es un banco de inversiones y firma de inversiones que vende servicios de asesoría en banca de inversión, asesoría financiera, consejería en mercados de capital, gestión de activos, gestión de patrimonio y productos y servicios relacionados.

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Colaboró con esta información el periodista Juan Fernando Lara.