El asesor legislativo Giancarlo Casasola denunció penalmente, este miércoles, al diputado liberacionista David Gourzong por haberlo golpeado el martes en la Asamblea Legislativa.

Por la naturaleza del presunto delito denunciado, la Fiscalía General de la República ordenó una evaluación médica de Casasola.

El diputado verdiblanco Gustavo Viales, jefe del asesor agredido, afirmó que él habría recibido los golpes en su cara y su cuerpo.

“El despacho ordenó que la víctima sea valorada por el departamento de Medicina Legal, a efectos de establecer el tipo de lesión que presenta y el número de días de incapacidad correspondiente a la lesión”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

El caso se investigará bajo el expediente 20-21-33-PE.

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Viales, quien también es secretario general de Liberación Nacional (PLN), indicó que el Comité Ejecutivo del partido se reunirá de forma virtual este miércoles a las 6:30 p. m. para analizar el caso.

Gourzong aceptó haber golpeado a Casasola y afirmó que no renunciará a su curul.

Más bien, dijo que tomará acciones legales contra el asesor, quien habría insultado en un chat a los diputados que firmaron una moción para aplazar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, prevista para este 26 de mayo.

La fecha fue determinada por la Sala Constitucional, que desde agosto del 2018 indicó a los diputados adecuar las leyes nacionales para la aplicación de esta figura.

Los pasos del proceso penal

Al tratarse de una denuncia contra un miembro de un supremo poder de la República, el proceso penal será diferente a uno regular.

El primer paso le corresponde a la fiscala general Emilia Navas.

“Lo que se realiza en la Fiscalía es lo que se conoce como un antejuicio; esto consiste en una investigación para ver si la Fiscalía acusa o desestima”, explicó el abogado penalista Carlos Tiffer.

Cualquiera sea la decisión de Navas, el expediente se traslada a la Corte Suprema de Justicia.

Si se presenta acusación, la Corte enviará el caso a la Asamblea Legislativa.

En este punto, el diputado denunciado puede renunciar a su inmunidad y agilizar el proceso.

“Si no renuncia, entonces, la Asamblea nombra una comisión para que se pronuncie si procede o no el desafuero”, señaló Tiffer.

Esta comisión, conformada por tres diputados, presentará lo deliberado a la Asamblea Legislativa. Si dos terceras partes del plenario votan a favor de retirar la inmunidad, el proceso continúa.

El siguiente paso sería la apertura de juicio, el cual estará a cargo de la Sala III, órgano que se convierte en un tribunal.

En este caso, uno de los magistrados de dicha Sala actuará como juez instructor.

Si el imputado recibe una sentencia, su último recurso sería una apelación ante la Corte Suprema.