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Los tiempos de espera para resolver juicios de familia podrían acortarse si los diputados cumplen su palabra de aprobar, esta semana, un nuevo Código Procesal Familiar.
El presidente del Directorio legislativo, y diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, aseguró que la meta es que el proyecto (expediente 19.455) se ponga a discusión y se vote el próximo martes.
A ese acuerdo llegaron los jefes de bancada el jueves. También, acordaron agilizar un nuevo Código Procesal Agrario (expediente 15.887).
Ambas iniciativas tienen como eje acortar la resolución de demandas pendientes, ante la mora judicial que arrastran los juzgados en estas materias.
En los dos casos, los proyectos reemplazarían los procesos escritos por los orales, lo que reduciría la tramitología en la presentación de pruebas y descargos.
Tanto las partes como los jueces resolverían las diferencias frente a frente, no a través de expedientes, lo que propiciaría una toma de decisiones más ágil.
Hoy, una pensión alimentaria se resuelve, en promedio, en un año y, con apelación, un poco más. En el caso de un divorcio, si no es de mutuo acuerdo, el proceso puede extenderse de cuatro a cinco años. Así lo afirmó el abogado de familia, Henry Vega.
Tanto él como Rolando Vega, exmagistrado de la Sala Segunda, consideran que las reformas son positivas y necesarias, pero advierten que no es lo único que se requiere para solucionar la lentitud y falta de respuesta en los procesos.
"Las leyes y reformas van a ser insuficientes mientras no se resuelvan los problemas de organización y funcionamiento (de los juzgados), así como no existan cargas estandarizadas ni herramientas adecuadas para la eficiencia del trabajo que realizan los operadores del sistema", precisó el exmagistrado.
El abogado de familia, en tanto, agregó que algunas metas no se alcanzan por falta de presupuesto o de personal.
De la mano
Los diputados han contado con el apoyo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia, para evacuar dudas sobre los efectos de ambos planes.
A través de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la magistrada de la Sala II, Eva Camacho, explicó que la iniciativa "crea un proceso resolutivo familiar ágil, que también permite la conciliación sobre todos los bienes patrimoniales" en un litigio.
Otra de las ventajas es que permite a las personas acceder a un abogado pagado por el Estado, en caso de que demuestren que no se puede costear uno, tal y como sucedió con la aprobación del Código Procesal Laboral. Actualmente, las partes deben presentar su propio abogado, lo que afecta el desarrollo de los procesos.
La propuesta de ley tiene un fuerte apoyo entre los diputados de todas las bancadas.
El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, aseguró que hay buen ambiente para avanzar en la discusión del plan, al margen de las tensiones en que han caído las bancadas de cara a la discusión del presupuesto Nacional de la República del 2017.
Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, dijo que el objetivo es "lograr una mayor celeridad" en los procesos, de la misma manera en que lo determinaron los congresistas con el Código Procesal Laboral y del Código Procesal Civil, ambos aprobados a finales del año pasado.
"La línea es disminuir los plazos y hacerlos menos burocráticos, lentos y menos llenos de papel", dijo Redondo.En tanto, la diputada jefa del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro, indicó que llevará el tema a la reunión de fracción de este lunes, para presentar una posición de bancada frente a sus colegas de las demás fracciones legislativas.
Colaboró la periodista Neyssa Calvo
