El ingreso de DiDi, una nueva plataforma de transporte que le hará competencia a Uber, le da un mayor “sentido de urgencia” a la aprobación del proyecto de ley para regular este tipo de servicios, afirmó este martes el ministro de la Presidencia, Víctor Morales.

La iniciativa será convocada a sesiones extraordinarias, periodo en el cual el Gobierno espera que sea aprobada.

“Desde nuestro punto de vista, esto le pone mayor sentido de urgencia al proyecto de ley de plataformas de transporte, un expediente que estará en la convocatoria de sesiones extraordinarias y, desde el Poder Ejecutivo, vamos a hacer la propio para que, junto con los diputados, podamos proponernos la aprobación de ese expediente. Es un tema que está en la lista de urgencias”, indicó el ministro en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

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Las sesiones extraordinarias van del 1.° de diciembre de este año hasta el 30 de abril del 2020.

La aplicación de transporte DiDi inició sus operaciones en el país este martes en San José, Cartago, Alajuela y Heredia y Puntarenas.

Costa Rica es el primer país de Centroamérica en donde DiDi inicia operaciones, sin embargo, ya tiene presencia en países como Australia, Brasil, México, Japón, Chile, China y Colombia.

Nueva regulación

La propuesta de regulación, impulsada por los diputados de la Comisión de Económicos, obligaría a los conductores registrados en las plataformas digitales de transporte a inscribirse como trabajador independiente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Además, les impediría trabajar más de 12 horas diarias y obligaría a los clientes a pagar un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) para cada servicio.

A su vez, los choferes deberán pagar un derecho de operación anual de ¢90.000.

Un primer texto del proyecto, presentado por el Gobierno y derribado por criterios que advertían posibles vicios de inconstitucionalidad, exigía el pago anual de ¢124.000.

La nueva versión, presentada por los diputados en setiembre anterior, elimina el cobro de ¢8.300 millones que el gobierno pretendía cobrarle a las plataformas que hubiesen empezado a operar antes de la ley, como Uber.

En lugar de ello, establece un cobro inicial de ¢8,9 millones para las plataformas, el cual se renovaría cada cuatro años por un monto de ¢4,45 millones.