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Ann McKinley es la presidenta de Japdeva, quien denunció la convención colectiva de la institución, en octubre del 2014.
Pero también es la presidenta ejecutiva quien aprovechó las facilidades que concede Japdeva para ausentarse del trabajo durante cuatro días sin que se le rebajara su salario.
Según la documentación que la entidad portuaria envió al diputado Mario Redondo, McKinley gozó de una licencia entre el 18 y el 21 de agosto del año pasado, para participar en una capacitación o seminario.
El costo estimado de esa licencia de ausencia por cuatro días, según Japdeva, fue de ¢367.520 (¢92.000 por día), un 13,3% del sueldo mensual de la jerarca (¢2.756.401).
“Muchos de esos seminarios y cursos a los que asisten los empleados públicos se imparten en horario laboral, lo que es una barbaridad, pues bien se podrían impartir en la noche”, opinó Redondo.
Este domingo, La Nación intentó, sin éxito, localizar vía telefónica a McKinley para entrevistarla sobre la cantidad de permisos que brindó Japdeva en dos años y también se le envió un mensaje de texto a su celular, pero no respondió.
Entre noviembre del 2014 y setiembre del 2015, el personal de la Presidencia de Japdeva se acogió a licencias con goce de salario por un total de 115 días, con un costo de ¢2.604.899.
Además del permiso para capacitación de McKinley, el personal de la Presidencia gozó de licencias por cita médica, cambio de residencia y para actividades sindicales; todas, facilitadas por la convención colectiva que ordenó denunciar el presidente Luis Guillermo Solís.
